Médicos van al paro de 48 horas en rechazo a decretos
El Colegio Médico de Bolivia, tras una reunión de emergencia en Cochabamba, convocó ayer a un paro de 48 horas para el 17 y 18 de mayo en rechazo a los decretos 3091 y 3092 que emitió el Gobierno y a la ausencia de convocatoria a una reunión por parte del Ejecutivo. En tanto, la ministra de Salud, Ariana Campero, pidió explicación sobre el estado de cuentas por la emisión de certificados médicos en los últimos 47 años. El Gobierno sutituyó el viernes ese documento por uno similar pero con carácter gratuito.
El Consejo Médico Nacional Extraordinario se reunió ayer en Cochabamba por más de cinco horas para analizar el contexto de la salud en relación a la aprobación de los decretos 3091 y 3092 mediante los cuales entra en vigencia la creación de una Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema de la Salud y promueve la desafiliación y libre afiliación en la seguridad social.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, señaló ayer que, pese a la apertura al diálogo de la institución, el Gobierno no ha respondido a las demandas, por lo tanto, se dejó sin efecto el cuarto intermedio en sus medidas de presión y, por lo contrario, se determinó ir a un paro de 48 horas para el próximo miércoles y jueves con atención de emergencias.
“Tenemos la voluntad política de no perjudicar a la población, pero si vamos a ir a un plano de confrontación, no estamos de acuerdo, creo que tenemos la capacidad suficiente para demostrar la inconstitucionalidad de estos dos decretos y esperamos que la autoridad ministerial nos dé la oportunidad de explicarle por qué consideramos la inconstitucionalidad; de otra manera, la Ministra tendrá que demostrarnos lo contrario”, señaló.
En la resolución aprobada que determina el paro de 48 horas también se instruye a los consejos departamentales a coordinar acciones para realizar movilizaciones e informar a la población sobre esta situación que preocupa al sector.
“Como profesionales del área de la salud, queremos ir a objetivos claros, se está yendo con elementos distractivos que a la población está confundiendo. Primero, que nos responda si es o no constitucional lo que se está haciendo: si es constitucional, vamos a la reglamentación; (pero) si no es constitucional, vamos a la abrogación”, argumentó Cruz.
El Presidente del ente colegiado señaló que solicitó una reunión con la ministra Campero para tratar el tema de una ley general de la salud pero hasta la fecha no ha recibido la invitación formal para dicho encuentro.
El pasado 20 de abril, los profesionales en salud cumplieron un paro de 24 horas convocado por el Colegio Médico de Bolivia, en esa ocasión, la misma Campero convocó a los doctores al desacato de esta medida y el Ministerio de Trabajo la declaró ilegal, por lo que se descontaría el salario a los funcionarios.
Sin embargo, el paro fue acatado en todos los departamentos pese a la advertencia del Gobierno.
Médicos señalan que petición de informe es revanchismo
La ministra de Salud, Ariana Campero, señaló ayer que pedirá al Colegio Médico un informe sobre el destino de los recursos económicos que percibió desde 1970, por la venta de certificados médicos.
“Yo estoy solicitando que lo hagan desde 1970”, explicó Campero, indicando que el Colegio Médico de Bolivia comenzó a vender certificados médicos amparados en un decreto supremo que fue ratificado por una norma emitida en 1971, durante el Gobierno de Hugo Banzer.
Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, señaló que el Gobierno tiene “un sistema de control a través del sistema impositivo y sabe perfectamente a qué se ha destinado y cuáles son las condiciones de esto”.
Además, en la resolución del Consejo Nacional Médico sobre el Decreto Supremo 3174 que se refiere a la gratuidad del certificado médico, los galenos pidieron una reglamentación para la inclusión de medidas de seguridad, control y registro, redactada en coordinación con el Colegio Médico de Bolivia.
Pero, además, argumentaron que cualquier “evento adverso” ocurrido a raíz de esta determinación será responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud.
