UD espera las medidas del TCP
Los legisladores de Unidad Demócrata (UD), luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitiera el recurso de inconstitucionalidad abstracta en contra de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Hoja de Coca, esperan que se apliquen las medidas cautelares solicitadas; es decir, “ordene la inmediata suspensión de los apartados observados”.
Sin embargo, hasta ayer la Asamblea Legislativa y la parte demandante no fueron notificadas. En tanto, el presidente Evo Morales entregó ayer dos unidades educativas y ofreció otras obras al municipio yungueño de Irupana, al mismo tiempo, convocó a la unidad de la “familia cocalera”.
El presidente del TCP, Oswaldo Valencia, confirmó el lunes que esta instancia tomó competencia para emitir un “criterio de fondo” acerca de los artículos observados una vez que admitió la acción, esto después de que más de 2 mil afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) llegaran hasta Sucre para exigir una respuesta al recurso abstracto que presentó.
Existen dos acciones presentadas contra la Ley 906, la primera fue presentada por la bancada del senado de UD la que ya fue admitida por el TCP; y la segunda, elaborada por Adepcoca que todavía está en tratamiento.
Durante la entrega de dos unidades educativas a la población de Irupana, el presidente Evo Morales cuestionó la Ley 1008 y dijo que la nueva Ley de Coca fue consensuada y tiene las firmas de todos los dirigentes cocaleros e incluso los de La Paz, por lo mismo, señaló que “no pueden desconocer”.
La acción de inconstitucionalidad de UD cuestiona la clasificación de la coca en “originaria y ancestral”, la que tiene “registro y catastro” y, sobre todo, la ampliación y legalización de los cultivos a 22 mil hectáreas, que, en criterio de los asambleístas de oposición el Gobierno, con estos tres acápites lo que está haciendo es “legalizar sembradíos en áreas que eran de transición, además de los ilegales”.
“Estamos reclamando que la Constitución Política del Estado (CPE) sólo reconoce la producción en zonas tradicionales para consumo tradicional y que la reserva escrita por Bolivia para la incorporación del país en la Convención Internacional de Estupefacientes sólo establece como uso autorizado, ritual, medicinal, el masticado e infusión”, señaló el senador Óscar Ortiz.
Aclaró que la observación no es a toda la norma sino a los acápites que establecen la clasificación y expansión de los cultivos por lo que “sólo se está reclamando que la ley se limite a regular la producción en las zonas destinadas para la producción tradicional”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que el TCP no notificó a esta instancia, por lo tanto, la Ley de Coca está vigente.
NORMAS TRANSGREDIDAS
El senador Ortiz señaló que en la acción admitida se especifica las normas que se transgrede con la vigencia de la Ley General de la Hoja de Coca, entre las que se destacan la Constitución Política del Estado y la Nº 392 de Adhesión a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.
Bolivia se retiró de la Convención, pero concretó su retorno un año después, tras lograr que la Organización de Naciones Unidas (ONU) acepte la reserva planteada por el Gobierno de Morales para que se reconozca el acullico o la masticación de la planta como legítima en territorio boliviano.
Ortiz observa que con la nueva ley también se aleja de los convenios internacionales que suscribió Bolivia y que son refrendados por la Carta Magna.
Bajo esta perspectiva, y luego del análisis que realice la instancia jurisdiccional y la medida cautelar solicitada para los tres artículos, la oposición espera que se deroguen los párrafos observados.
En tanto, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) cuestiona que el artículo específico de la Ley General de la Coca que declara como zona legal y tradicional al trópico de Cochabamba, aspecto que es totalmente rechazado por las bases cocaleras de los Yungas de La Paz.
