Torturado y asesinado

Rodeado, amenazado, atemorizado, insultado. Tal vez pensaba que no iba a morir. Quizás pensó que el Gobierno haría lo que él pedía: que la Policía fuera replegada del lugar de manera pronta y completa.

Cuando Rodolfo Illanes le “rogaba al doctor Romero” que la Policía no actuara en el despeje de vías, lo que estaba tratando de decir es que fuera retirada del lugar. Pero el ministro Carlos Romero, y seguramente sus asesores inmediatos, escucharon “que la Policía no actúe”, cuando existe un mar de diferencia entre “no actuar”, quedarse en la zona, estar en apronte, mantenerse visible, y replegarse verdadera y genuinamente. El país tuvo durante siete horas a una autoridad secuestrada y, por lo que hizo y dijo el Gobierno, parecía que no pasaba nada.

El Ministerio de Gobierno ha señalado que dio la orden de ese repliegue de manera “casi inmediata” a las tres suplicantes llamadas de Illanes. La última fue a las 10:51. Después se detalló que el repliegue se ordenó a las 14:00, es decir, tres horas después de las llamadas telefónicas. Eso no es “casi de inmediato”.

Y, además, existen testimonios que señalan que en realidad la Policía se replegó recién cuando se supo de la muerte de Illanes, alrededor de las 17:00 horas. Ello coincide con que, a eso de las 15:00, radios locales transmitieron en vivo desde Panduro que había movimientos de fuerzas policiales. Finalmente, el tercer minero muerto en los enfrentamientos falleció ese día, más o menos a las 17:00 por disparos de bala, en las cercanías de donde Illanes estaba secuestrado. Por lo tanto, no calza que el repliegue se dio “casi de inmediato”. (Escribo esta columna antes del acto de interpelación legislativa a Romero y al titular de Minería, César Navarro, por lo que no cuento, obviamente, con esa información).

El régimen actual tiene fijada en su forma de actuar que no cede, que el Estado debe ser respetado, que los discapacitados pueden marchar cien veces, pero no se los atenderá, que los cívicos potosinos pueden marchar por mil calles paceñas, pero no se aceptarán sus pedidos.

Por otro lado, las autoridades pueden haber pensado que los mineros, que eran sus aliados hasta ese día, no iban a llegar tan lejos. Que para un secuestrador, mantener con vida al secuestrado es su carta de negociación y que por ello debe protegerlo. Quizás los mineros se exasperaron porque la Policía no se replegó, por el contrario actuó y otro minero resultó muerto. Pueden haber pensado que era una provocación. Pueden haberse sorprendido de que el ministro Juan Ramón Quintana pidiera la liberación del secuestrado, pero no pusiera aquello como requisito específico para instalar el diálogo, previsto para el día siguiente. Pueden haber creído que su secuestrado no tenía valor.

Poco después cometieron un delito bárbaro, que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley. De hecho, ya existen 10 mineros detenidos y acusados como autores intelectuales y materiales del inenarrable hecho, mientras otros tantos se dieron a la fuga. Eso es correcto. Pero que ese crimen sea injustificable no quita que las autoridades también sean pasibles a ser investigadas.

En este caso, como en el pasado, no se ha visto en el Gobierno ni un ápice de autocrítica, ni la menor señal de remordimiento. Por el contrario, el vicepresidente Álvaro García Linera ha intentado aprovechar esa muerte, llamando “héroe” a Illanes y describiendo, de manera ofensiva, las torturas a las que fue sometido. Incluso lo comparó con Cristo. Un portal gubernamental señaló que el exviceministro “se inmoló”. No, no se inmoló, rogó por su vida, tanto a mineros como a autoridades, y no fue escuchado.

Y esa incapacidad a la autocrítica se refleja también en que, de un día para otro, los que eran aliados de las autoridades, y a quienes defendían a brazo partido, pasaron a ser villanos. De ser mineros sacrificados que aportaban al desarrollo nacional, fueron retratados como “gamonales explotadores”. De un día para otro. Es una sorprendente muestra de cinismo.

El autor es periodista.

Twitter: RaulPenaranda1