Presupuesto General del Estado sin ancla
Parece necesario reorientar la política económica hacia un comportamiento más austero y prudente por parte de las entidades públicas, dando señales más claras de aliento a los ciudadanos que estén dispuestos a invertir, innovar y trabajar
El Presupuesto General del Estado (PGE) es seguramente el instrumento más importante de política económica que tiene el país. Esto es así porque define y orienta el comportamiento de las instituciones públicas, que en conjunto tienen un enorme protagonismo en la vida económica y porque pone en evidencia las intenciones de las autoridades encargadas de la administración del interés general.
En nuestra tradición constitucional, el Presupuesto es preparado por las entidades del Órgano Ejecutivo, coordinado y agregado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y aprobado por el gabinete. Luego se lo envía al Congreso, donde es revisado, analizado y finalmente aprobado, para ser elevado a rango de ley de modo que su cumplimiento sea obligatorio para las autoridades y los funcionarios.
Parte de la esencia democrática de este proceso se ha debilitado por la fuerte mayoría que tiene el oficialismo en el Congreso, donde se aprueba el Presupuesto de forma expedita y sin mayor debate. Con el añadido de que en los últimos años se ha estado utilizando el rango de ley que tiene el presupuesto para incorporar en su aprobación reformas legales, eludiendo los procedimientos constitucionales. Esto no es aconsejable ya que la ley que aprueba el presupuesto tiene vigencia limitada a un año y fue concebida para regular el comportamiento de los funcionarios públicos, no de todos los ciudadanos. Además, la sana práctica legislativa exige que cuando se hagan reformas a otras leyes, se las debata de manera explícita y de acuerdo a procedimientos que garanticen su adecuado análisis, y no como parte secundaria de una norma tan peculiar como la del Presupuesto.
En lo que hace al contenido mismo del proyecto de PGE, se observa que prevalece en las autoridades un optimismo que no es compartido por muchos analistas económicos. Se estiman niveles elevados de inversión pública y se supone que ésta es suficientemente eficiente como para generar un crecimiento mayor al que sugieren las tendencias. Y aunque se anticipan crecientes déficits fiscal y comercial, al mismo tiempo se plantea el objetivo de una inflación baja y de estabilidad en el tipo de cambio. Todo esto sería posible solamente con un gran flujo de inversiones o de préstamos del exterior, o al costo de una acelerada declinación de las reservas internacionales.
El punto central de todo el Presupuesto es que no parece estar anclado en las actuales circunstancias, pues no muestra disposición a reducir los gastos del sector público más que en una pequeña proporción. Es decir, este instrumento de política económica no da señales de austeridad fiscal ni de apertura hacia los agentes económicos no estatales, tanto nacionales como extranjeros, salvo a aquellos que estén dispuestos a trabajar como contratistas del sector público o como financiadores y prestamistas.
Considerando la contracción que han sufrido nuestras exportaciones y los riesgos de que el comercio internacional sea sacudido por una nueva oleada proteccionista, parece necesario reorientar la política económica hacia un comportamiento más austero y prudente por parte de las entidades públicas, dando señales más claras de aliento a los ciudadanos que estén dispuestos a invertir, innovar y trabajar para encontrar una senda de crecimiento más sostenible e incluyente.
