Explicar lo inexplicable
La lucha la están ganando los productores de hoja y los productores de droga en contra de la supervivencia de las instituciones como parte de un Estado social de derecho
La nueva ley de la hoja de coca intenta explicar lo inexplicable. En lugar de impulsar la racionalización de los cultivos excedentarios en todo el país, el Gobierno promulgó una ley que premia la ilicitud. Ahora, la Ley les garantiza una mayor oferta en un mercado perfecto para los cocaleros: alta rentabilidad y la ampliación de los paraísos fiscales, donde el Estado tiene un control mínimo de sus actividades y una nula participación de sus utilidades. La ampliación generará excedentes muy por encima de los sectores económicos tradicionales. El objetivo era apresurarse a cumplir con un compromiso electoral ante la imposibilidad legal de que Morales continúe gobernando.
Los agricultores, que no tienen esperanzas de beneficiarse de programas de desarrollo alternativo porque no existen ni están previstos, están ahora más motivados a la búsqueda de nuevas fronteras para incrementar los sembradíos. Para el ciudadano común, esta política de Gobierno no les representa, pero les compromete, perciben que los cárteles del narcotráfico están felices: han logrado corroer la estructura del Estado, en lugar de derrotarlos.
Sabemos que los cultivos de hoja de coca triplican las necesidades lícitas. La producción desborda las exigencias del consumo tradicional, y lo sobrante está usándose para fabricar cocaína. Pero, por otra parte, evidenciamos que el prohibicionismo, las políticas criminalizadoras y represivas nos han llevado a cárceles superpobladas y a graves problemas de salud pública, además, están asociadas a la corrupción, al subdesarrollo económico, a la marginación social y a la vulneración de los derechos humanos.
La visión proyectiva del Gobierno al respecto, debe cambiar. Una de las principales razones para el cambio de rumbo es que las repercusiones negativas del narcotráfico y la lucha contra las drogas se han repartido en forma desigual. Los países consumidores que son los que inducen a la producción de coca y a la producción de cocaína, poco han hecho para disminuirla y la demanda es cada vez mayor, mientras nos imponen “cuotas” de producción.
Bolivia debe cambiar su política de drogas; somos un país productor de la materia prima y de cocaína con derivaciones internacionales; por esto, la conducta del Estado debe estar por encima de las ideologías y ser una política de Estado, no de un Gobierno interesado, debe seguir el régimen internacional actual de lucha contra las drogas. El debate debe partir entre: Adherirse a un régimen de control de drogas mundial nuevo y mejorado, que proteja la salud, la moral y la seguridad de las personas o, continuar con las medidas basadas en ideologías represivas e ineficaces a partir de evidencias científicas, de salud pública y de derechos humanos. En cualquier caso, adherirse a la despenalización como política de Estado, no supone una legalización de la producción ni liberar el acceso a la droga, el consumo seguiría siendo sancionable, con multas o terapias obligatorias, pero dejaría de ser un delito penal.
Lo único que demuestra la nueva Ley es el autoengaño del Gobierno, la lucha la están ganando los productores de hoja y los productores de droga en contra de la supervivencia de las instituciones como parte de un Estado social de derecho. Si no fortalecemos el Estado, la institucionalidad y las leyes, los interesados seguirán supeditados al irrespeto y al daño social.
El autor es abogado constitucionalista
Columnas de WALDO RONALD TORRES ARMAS
