Evitar conflictos
Sólo en la medida en que las autoridades y las comunidades alcancen acuerdos, será posible, al mismo tiempo, regular los excesivos afanes de lucro como utopías que finalmente se vuelven contra la propia población
Por si le faltaran problemas a solucionar, una actuación precipitada y poco respetuosa de las normas vigentes de parte de varias autoridades del Órgano Ejecutivo está abriendo las puertas a nuevos conflictos con varios sectores de la población. De no ser corregida esa forma de actuar, aumentará la sensación de desgobierno que gana a la ciudanía.
En esta oportunidad hacemos referencia concreta a la decisión del gobierno de levantar áreas reservadas y autorizar la exploración y prospección de hidrocarburos, la reposición de la propuesta de construir una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) o la construcción de represas, sin realizar la necesaria consulta con los pueblos indígena campesino originarios asentados en esas zonas como dispone la Constitución Política del Estado (CPE).
Lo grave de esta situación es que ya se han presentado serios conflictos sobre los mismos temas y preocupa que se mantenga una mentalidad autoritaria dirigida a doblegar la posición de quienes viven en esas zonas, en vez de someterse al complejo y moroso proceso de explicar los alcances y límites de los proyectos que se desea construir, los probables beneficios y los presuntos perjuicios que provocarían y las precauciones que se adoptarían para que éstos sean evitados o, por lo menos, aminorados.
Trabajar de esa manera no es, hay que insistir, una graciosa concesión de las autoridades. La CPE así lo dispone con toda claridad y, como si eso no fuera por demás suficiente, también está en vigencia la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, mediante la que se fija el marco general para buscar entre todos un punto de equilibrio entre la necesidad de desarrollo y preservación de la naturaleza.
El asunto es en sí mismo complicado, como lo demuestra el hecho de que reflexiones y debates similares a los que se producen en Bolivia ocupan también lugares destacados en la agenda pública mundial. Y más allá de las diferencias propias de cada caso, lo común es el desafío de evitar que el tema se resuelva mediante la arbitraria imposición de los criterios e intereses de unos por sobre los de los demás.
Además de ello, se debe considerar el largo trabajo que los pueblos indígeno campesino originarios han desarrollado, particularmente desde 1991, para que se respete sus derechos y su hábitat. Se trata de principios ya universales respaldados por una serie de acuerdos y convenciones internacionales para frenar el deterioro del medio ambiente y evitar sus dañinas consecuencias sobre el la vidas de las comunidades asentadas en esos espacios.
Como contrapartida, es preciso reconocer que esas disposiciones y la vocación de preservar el medio ambiente han generado movimientos radicales que desde la comodidad de la vida urbana tratan de impulsar restricciones cada vez más difíciles de cumplir. Pero, precisamente en la medida en que las autoridades y las comunidades alcancen acuerdos, será posible, al mismo tiempo, regular los excesivos afanes de lucro como utopías que finalmente se vuelven contra la propia población.
