Costos de un alineamiento ideológico
Es de lamentar que el Gobierno nacional haya equivocado su manera de actuar en la OEA y que insista en ello, lo que implica, además, un nuevo y peligroso alineamiento con corrientes autoritarias de poder
Hay un generalizado consenso en que la actuación del embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha sido errada y que la intervención posterior del Ministro de Relaciones Exteriores respaldándolo sólo profundiza dicho error, en el entuerto provocado por el debate sobre el estado de la democracia en Venezuela luego del autogolpe de Estado provocado por la camarilla familiar-militar que gobierna ese país.
Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de Venezuela emitió una sentencia anulando la Asamblea Legislativa y asumiendo sus funciones. Un acto antidemocrático que sólo recibió el apoyo, lamentablemente, de las autoridades del Gobierno nacional y de Nicaragua, e incluso tuvo que ser rechazado por el propio presidente venezolano (intentando eludir su responsabilidad) luego de que la Fiscal de esa nación, también adherente al Gobierno, la criticara.
Ese fue el escenario en el que se convocó a una sesión del Consejo permanente de la OEA. En el interregno, el embajador de Bolivia asumió la presidencia temporal de ese Consejo y, como tal, rechazó instalar la sesión convocada, razón por la que, siguiendo los reglamentos, se solicitó al Decano hacerlo.
Con esa forma de actuar el país se ha mostrado incapaz de ponerse por encima de sus afectos y desafectos ideológicos, condición sine qua non para ejercer una buena labor de coordinación. Más valió su acrítica adhesión al régimen venezolano, dejando un precedente que será muy difícil olvidar.
Al margen, es posible señalar que además de esta militancia ideológica, también tiene su cuota parte de responsabilidad el desconocimiento de los procedimientos y de la historia. Se debe recordar que la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 (el mismo día de los atentado en contra de las Torres Gemelas en Estados Unidos) fue directo producto de un golpe similar, aunque no en los métodos, dado por el entonces presidente peruano Alberto Fujimori para cerrar el parlamento. La OEA no tenía instrumentos para actuar en defensa de la institucionalidad democrática y sólo la presión internacional logró que el entonces mandatario peruano convoque a elecciones en un plazo prudente.
Sobre la base de esa experiencia se fue construyendo la Carta Democrática. Desde entonces, más allá de las veces en que se haya sugerido su aplicación, su espíritu fue el que permitió proteger a dos mandatarios alineados con el socialismo del Siglo XXI. La primera, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado y todos los países miembros de la OEA le dieron su apoyo, factor decisivo para que recupere el poder. La segunda, cuando se derrocó al mandatario hondureño Manuel Zelaya, apoyo que si bien no evitó la consumación del golpe, sí obligó a que se convoque a nuevas elecciones libres y trasparentes.
De ahí que señalar que la aplicación de este documento responde a una presunta presión del “imperialismo” para dividir a la región sólo es un recurso retórico que no tiene sustento.
Con esos antecedentes, es de lamentar que el Gobierno nacional no sólo haya equivocado su manera de actuar en la OEA sino que insista en ello, lo que implica, además, un nuevo y peligroso alineamiento con corrientes autoritarias de poder.
