Víctimas directas e indirectas del comicio antidemocrático

La primera elección judicial en 2011 demostró ser, sencillamente, no democrática. La prueba es que los votos nulos y blancos sumaron una mayoría extraordinaria, en tanto que los válidos apenas superaron el 40% y se posesionó a magistrados con votos que apenas excedían el 2%.

La que se avecina, reiterando y agravando los vicios de la anterior, superará a su predecesora, convirtiéndose en una elección antidemocrática, en la que se obliga a votar por candidatos que no conocemos ni conoceremos y seguramente, en muchos casos, ni queremos conocer, porque la manera en que han sido seleccionados, o más bien designados, es muestra del mayor desprecio de los gobernantes hacia los electores, incluyendo a los que les son incondicionalmente fieles.

Los altos magistrados, “elegidos” de esa manera, serán las primeras víctimas del procedimiento porque le deben sin atenuantes al MAS, primero, su designación como candidatos y luego su posesión, en virtud de un reglamento electoral aberrante que determina que los más altos cargos de la administración de justicia puedan entregarse a marionetas del poder y no a personas con la mayor capacidad profesional e independencia de criterio.

Los principales funcionarios del Ejecutivo les han recordado, una y otra vez, a los altos magistrados que surgieron de la elección de 2011 que quien se anime a desconocer el origen de la elevación a su cargo sería aplastado. Eso lo aprendieron de la manera más cruel los que fueron despedidos, previo espectáculo de “juicios” en los que habían sido condenados con anticipación, por haberse atrevido a desobedecer las instrucciones o por haber presumido de tener opinión propia sobre los temas que juzgaban.

Todo lo dicho es ampliamente conocido, igual que la tendencia predominante de que los resultados del próximo 3 de diciembre serán muy parecidos, si es que no peores, que los de 2011. De lo que prácticamente todavía no hemos empezado a hablar es de que la víctima “colateral” de las próximas elecciones judiciales será el Tribunal Superior Electoral, o mejor dicho, la credibilidad y confianza que puede inspirar al público.

Si se puede considerar prácticamente una hazaña de los actuales miembros del TSE que hayan conseguido ir reconstruyendo el prestigio del órgano electoral, después de todo lo que hicieron sus predecesores para liquidarlo, hoy arriesgan con su pasividad desandar  ese camino y dejar desguarnecidos a los electores y a la democracia, que tendrían que ser su preocupación suprema.

La reconquista de la confianza ciudadana se ha basado principalmente en que el TSE estuvo a la cabeza de las elecciones del referendo constitucional del 21 de febrero, cuyos resultados se conocieron e impusieron,  pese a las estimaciones vicepresidenciales de que estábamos ante un “empate técnico”. Dada la naturaleza del régimen, bien sabemos que las apreciaciones vicepresidenciales son mucho más instrucciones terminantes que proyecciones de cálculo; por eso, la publicación de los resultados de esa elección fue clave para el reconocimiento público del TSE.

Sabemos que sus miembros no tienen ninguna facultad legislativa y no pueden cambiar la ley electoral, pero están obligados a advertir a la Asamblea Legislativa –ya lo han hecho en otros casos– que es imperativo e impostergable que ese instrumento se modifique de manera que ningún nuevo alto magistrado pueda ser ungido si su votación no supera a la suma de nulos y blancos.

Repetir simplemente, como lo han estado haciendo, que esos votos cumplen una función estadística y que, en consecuencia, es posible desoír al soberano cuando expresa su desconfianza o repudio, mostrará a los miembros del órgano electoral como subordinados de quienes dictan las normas, a su arbitrio y conveniencia.

Si la voz de quienes componen el Tribunal Supremo Electoral no se alza para advertir que debe corregirse el procedimiento de elección de los altos magistrados, para que lleguen a sus cargos democráticamente, portando un auténtico mandato que los defenderá de las presiones del poder, su credibilidad sucumbirá al mismo tiempo que la de los nuevos títeres judiciales y dañará profundamente la confianza pública en cualquier futuro acontecimiento electoral.

El autor es investigador y director del Instituto Alternativo.