El Cerro Rico ante una negligencia criminal
Una vez más se ha confirmado que la negligencia de las autoridades del sector minero bien merece ser calificada como criminal. Ya no es sólo el Cerro Rico el que está en riesgo, sino las vidas de miles de personas
Un nuevo hundimiento se ha producido el pasado miércoles en la cima del Cerro Rico de Potosí, lo que ha vuelto a dar actualidad a un tema que desde hace ya muchos años figura en la agenda de asuntos pendientes sin que las autoridades del sector minero le den al asunto la importancia que merece.
A diferencia de todos los hundimientos anteriores, este último ha cobrado la vida de dos mineros, fatalidad que era previsible dadas las condiciones de alto riesgo en que se realizan las labores extractivas. Como se recordará, las advertencias sobre la posibilidad de que algo así ocurriera son tan antiguas y frecuentes como las noticias que regularmente dan cuenta del paulatino desmoronamiento del Cerro Rico desde junio de 2010, cuando se produjo el primer hundimiento. A partir de entonces, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ha mantenido en alto su voz de advertencia ante la inminente posibilidad de que el Cerro Rico de Potosí termine de colapsar de un momento a otro.
Sin embargo, tal como viene ocurriendo desde hace siete años, cuando por primera vez se planteó la urgente necesidad de suspender toda actividad encima de la cota de los 4.400 metros, que marca el área de máxima vulnerabilidad, los mineros cooperativistas se niegan a dejar de explotar la cima del cerro sin que haya autoridad estatal capaz de poner un límite a tan poderoso sector.
El Ministerio de Minería y Metalurgia, por ejemplo, desde hace muchos años que hace recurrentes declaraciones de buenas intenciones y de anuncio de medidas para imponer su autoridad sobre las 17 cooperativas que se han apropiado de la cúspide del Cerro Rico, pero hasta ahora ha podido más la capacidad de presión de ese poderoso sector que actúa impunemente por encima de las leyes vigentes en nuestro país.
Mientras tanto, la Unesco vanamente sigue enviando misiones de expertos para que asesoren en la estabilización y conservación del Cerro Rico. Misiones estériles, pues no hay en Bolivia quién tome en cuenta sus recomendaciones. Y tampoco han servido los reiterados anuncios sobre el inicio de procesos penales contra funcionarios del Ministerio de Minería por la manera negligente como eluden su obligación de evitar que se produzca la tan anunciada calamidad.
Es verdad, como sostienen voceros gubernamentales, que algo se está haciendo, pero no es menos cierto que eso no es suficiente, como los hechos lo demuestran. Es que es tan grande el deterioro de la estructura cónica del cerro después de casi 500 años de continua explotación que de muy poco sirven las obras que se hacen para evitar el previsible desastre.
Ante tal situación, y en vista de que ya han comenzado a contarse las primeras muertes, no resulta exagerado calificar el caso como un crimen en pleno proceso de ejecución. Y no sólo porque según los mandatos de la Unesco la destrucción del Cerro Rico merecería ser calificada como “crimen contra el patrimonio común de la humanidad”, sino porque un colapso de las dimensiones que se vaticinan pondría en muy serio riesgo la vida de varias decenas de miles de personas.
