Negligencia intolerable
La información según la que la empresa Misicuni construyó hace tres años una planta de tratamiento de agua en Jove Rancho, en El Paso, la más grande del país según su presidente, no es utilizada y corre el peligro de deteriorarse no debe pasar desapercibida.
Esta planta costó 7,5 millones de dólares y fue construida para tratar el agua de la represa Misicuni y luego distribuirla a los municipios a los que debe atender, propósito que no se cumple “porque no hay usuarios”, según el mismo ejecutivo, ni ductos para la distribución del agua tratada.
Agrava la situación, por un lado y desde la perspectiva de la Empresa Misicuni, el hecho de que Semapa pidió “agua por tres meses”, tiempo que no justifica poner en funcionamiento la planta, dadas sus dimensiones. Por el otro, y desde la perspectiva de Semapa, porque esta empresa está ampliando una planta de su propiedad ubicada en Cala Cala, con lo que se cubriría la demanda tradicional de Cochabamba.
Por donde se observe, esta situación es inadmisible y da cuenta del imperio de una visión feudal del Estado en la que cada responsable de empresa se siente con capacidad de actuar en función a su propio arbitrio. Porque, mientras se entablan estos inútiles pugilatos entre funcionarios de empresas de servicio como en definitiva son Misicuni y Semapa, grandes sectores de al población cochabambina carecen del aprovisionamiento básico de agua.
Asimismo, el caso muestra un elevado nivel de negligencia funcionaria tanto por invertir un monto considerable de dineros sin los estudios precisos para garantizar su adecuado funcionamiento y evitar, precisamente, que no sea utilizada, como al no haberse desplegado los mayores esfuerzos, desde Misicuni y Semapa, para habilitar esa planta de tratamiento, dar prioridad a la construcción de los ductos que permitan su distribución y se atienda la demanda ciudadana.
En este escenario, bien harían las autoridades de los tres niveles del Estado —nacional, departamental y municipal— en enfrentar de una vez por todas las incoherencias e insensateces como las que comentamos. Es urgente que comprendan que hay problemas y demandas que están muy por encima de sus legítimas o mezquinas rivalidades político-sectarias, cuya resolución, además, puede beneficiarlas en el mediano plazo.
De lo que se trata, en definitiva, es que las autoridades den prioridad a la atención de las necesidades básicas de la población y no utilicen éstas para sus propios intereses.
