Reforma judicial y elecciones 2017

La reforma judicial no puede esperar más. Nueve años de nueva Constitución, doce del inicio del “proceso de cambio” y nada ha mejorado. Seguimos en un contexto de predominio de los órganos políticos frente a un Órgano Judicial y demás instituciones del Sistema de Justicia debilitados por sus propias acciones y omisiones frente al poder político. A partir de allí, el criterio es que las autoridades que resulten más votadas en la elección judicial 2017 lideren la reforma judicial, pero en orden a una estrategia de coordinación para la cooperación con el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa Plurinacional y no de imposición o sometimiento.

Este reto mayor es posible de superar si las nuevas autoridades reconocen la situación de crisis estructural de la justicia y promueven que similar ejercicio y reconocimiento, entre otros ámbitos, se realicen en la universidad pública y privada, en los gremios de abogados y medios de comunicación. De estos sectores, como consecuencia de ese proceso de mea culpa y autocrítica, deben surgir pautas que, sumadas a las de sociedad civil, ayuden agendar acciones que en un corto mediano y largo plazo transformen esas situaciones críticas en acceso efectivo a servicios de justicia justos. Insistimos en que no existe reforma judicial exitosa que no haya convocado a estos sectores y les permitiera ser parte importante y específica del proceso.

Bolivia no mejorará su insuficiente democracia, si sus políticos, el Gobierno y otros sectores de poder no priorizan la reforma judicial y la promueven desde el enfoque de política pública. Deben comprender que resulta cada día más peligroso para la gobernabilidad del país que los jueces sigan perdiendo credibilidad y que el respaldo social del que deben gozar se vaya trocando en rechazo y desconfianza generalizada.

Las nuevas autoridades judiciales deberán expulsar del escenario de coordinación y cooperación interinstitucional aquellas formas de injerencia existentes. Les corresponderá también, por ser una necesidad, en ejercicio y lógica democrática, impedir que sigamos con reformas judiciales cosméticas, mediáticas y coyunturales.

Por la forma como la Asamblea Legislativa Plurinacional ha llevado a cabo el proceso de preselección de candidatos, será un imperativo generar legitimidad para las nuevas autoridades judiciales y es una oportunidad de lograrlo, el establecimiento de las alianzas que les planteo.

Proteger a las instituciones del Sistema de Justicia de las presiones que hemos presenciado estos últimos seis años y antes, pasa por generar un ámbito de participación ciudadana informado que transforme —haciendo—, cree y afiance mecanismos de control social de la Justicia. Pasa también por propiciar el liderazgo judicial en su propio proceso de reforma con la fuerza legitimadora, la cual sólo la puede dar la contribución de la sociedad civil y la validación social durante su transcurso.

Los órganos políticos (Gobierno y Congreso) deben servir al proceso de reforma integral del Sistema de Justicia, promoverlo facilitarlo respaldarlo y no más instrumentalizarlo; como ha ocurrido hasta hoy. Aún están a tiempo y las nuevas autoridades constituyen una oportunidad, antes de que los déficits democráticos cedan a una autocracia.

El autor es abogado