El rol de la empresa privada

Para cualquier país del mundo, contar con un empresariado nacional fuerte y competitivo, es señal inequívoca de fortaleza económica y de progreso.  Dondequiera que se instalan, las empresas privadas canalizan las energías creativas de los ciudadanos, crean y sostienen empleos de calidad, viabilizan el desarrollo tecnológico y la investigación, promueven la inversión y, sobre todo, aseguran la generación de riqueza que bien distribuida, produce mejores condiciones de vida para todos. Pero, además, una base empresarial sólida y amplia es fuente de ingresos para que el Estado pueda financiar políticas y planes de desarrollo.

Las naciones económica y socialmente exitosas, más allá de sus ideologías, han destinado sus mayores esfuerzos en impulsar el desarrollo del sector privado, y la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya existentes, se han convertido en objetivos prioritarios en las políticas de Estado.

Esta gran responsabilidad, hace que la actividad empresarial tenga un reconocimiento social relevante, aunque en muchos casos, también genera distorsiones en cuanto al rol que le corresponde desempeñar, especialmente cuando se pretende asignarle responsabilidades que no le competen o privarle de derechos que tienen el resto de las instituciones de la sociedad o los propios ciudadanos.

Es importante recordar que los empresarios son producto de la sociedad y, por consiguiente, reflejan sus fortalezas, contradicciones y su diversidad, pero sobre todo expresan la visión común respecto al trabajo, la riqueza y el bienestar.  Pero además se debe tomar en cuenta que, para el desarrollo eficiente del empresariado, el factor fundamental no está en el ámbito económico, sino en la institucionalidad y la orientación de las políticas económicas del Estado. Si los gobernantes no tienen claridad respecto al papel y trascendencia del sector privado, las leyes que se promulguen pueden impedir su crecimiento adecuado y armónico, lo que terminará por incidir negativamente en la calidad de vida de la población.

El empresariado se potencia en un sistema democrático con sólida institucionalidad, y bajo un sistema jurídico independiente y transparente, que otorgue la seguridad y las garantías mínimas para arriesgar nuevas inversiones.  Pero también precisa de condiciones de estabilidad política y social, reglas justas y claras, y un sistema de coordinación respetuosa y diálogo efectivo con las instituciones del gobierno nacional y regional.

Por ello, es más eficiente para un país tener un empresariado con capacidad de incidir en el planteamiento e implementación de políticas públicas, que un sector que se oriente por afectos y desafectos políticos, sin que esto signifique que no pueda expresar su posición sobre cuestiones que hacen a la democracia, la libertad y el respeto a las normas cuando así se precise.  No olvidemos que, por su naturaleza, el sector privado trasciende las coyunturas, las circunstancias e incluso los procesos políticos.

Este delicado balance es uno de los desafíos más grandes que enfrenta la institucionalidad empresarial y en muchos casos, mantenerlo implicará la diferencia entre garantizar su sostenibilidad o perder el sentido de su propia responsabilidad y su verdadero rol en la sociedad.

El autor es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.