Intimidación pautada

El Artículo 4° de la Ley del Régimen Electoral prescribe que “El ejercicio pleno de los derechos políticos, conforme a la Constitución y la Ley, no podrá ser restringido, obstaculizado ni coartado por ninguna autoridad pública, poder fáctico, organización o persona particular”. Otro de los derechos reconocidos por la Constitución es la Libertad de Tránsito y Permanencia en todo el territorio nacional sin necesidad de permiso de nadie. El MAS, al impedir, obstaculizar y limitar públicamente el ejercicio de estos derechos comete un delito de Coacción electoral. Pretender excluir a los bolivianos por el solo hecho de pensar distinto es ilegítimo, antidemocrático e ilegal ¿Por qué el TSE no ejerce sus facultades sancionándolo? ¿Es admisible esta declaración pública de territorio libre del Chapare en el que se excluye al Estado?

El TSE como el órgano colegiado de decisión  y que representa a la soberanía estatal en materia electoral, está obligado a garantizar la seguridad jurídica y política electoral en todo el territorio nacional. Y, como unidad de justicia, está llamado a intervenir imponiendo las sanciones que la Ley Electoral le faculta y de la cual son sus garantes; de lo contrario, dan poder de chantaje a los que gozan del poder temporal.

En Bolivia vivimos en un Estado de facto, no de derecho. El supuesto “derecho” a impedir la inscripción de militantes en el Chapare, admite que vivimos en una sociedad anarquista. Esta operación obedece a una intimidación pautada respaldada por el poderbuscando acallar y excluir a millones de las decisiones que a todos incumben.

El MAS no aborda más que un lado del contrato social, el de los derechos. Ignora los deberes que corresponden a esos derechos. El entendimiento de la democracia que tiene no radica en la instrumentalización político-jurídica de la Constitución, sino en la imposición del pensamiento propio que busca convocar, diferenciar y, finalmente, desplazar a toda oposición. Lo sustancialmente antidemocrático es su voluntad de romper la igualdad jurídico-política de los ciudadanos. La oligarquía dominante pone de manifiesto el sistema autoritario que se oculta detrás de la degeneración democrática. Al violar la Constitución y las leyes ponen en riesgo la paz social.

Proteger la libertad de ser libres es la primera misión de los ciudadanos.  Ceder territorio por indolencia como "solución política" es un error que profundizara la intimidación hasta que terminen vaciando el Estado.

La respuesta jurídica debe ser la sancionatoria, pero también política: los bolivianos, soberanos, deben hacer presencia para decir basta a la arbitrariedad y deslegitimar su discurso político justificativo. Si no se actúa, la espiral del silencio ciudadano será causa de su propia fagocitación.

Dr. DAEN. Abogado Constitucionalista
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