Cinismo institucionalizado

Columna
Publicado el 16/01/2019

La espuria sentencia de los “magistrados” del TCP que resolvió: “la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación a los Derechos Políticos”, supeditó a la Corte IDH la interpretación final sobre este “invento” del derecho internacional a la reelección indefinida de mandatos, careciendo de competencia. Es la Corte la que evidenciará el “golpe de Estado” del régimen que pretende nulificar el orden jurídico y sustituirlo en forma ilegítima por uno nuevo.

La Declaración de la Comisión de Venecia y del Secretario de la OEA, resolviendo que la reelección no es un derecho humano, desmiente y destruye la contumacia obsesiva de Morales. Pero, se requiere la ratificación de la Corte condenando al gobierno de Bolivia por violación de la Convención. Pero, ¿obedecerá Morales la resolución? El fallo es definitivo e inapelable y el Gobierno está comprometido a cumplir la decisión de la Corte por Convención; pero lo previsible es que si la Corte se pronuncia en contra de la repostulación, el régimen desafiará a la OEA. No obstante, si en respuesta decide denunciar al sistema de DDHH, su salida no evitará que sea monitoreado y demostrará que en el país se violan los DDHH. Si se quejara de la vulneración de la soberanía, o que la Corte es manipulada por el “imperio”, saldrá a luz el fraude a la Constitución con su propia contradicción, pues la sentencia del TCP consagra que los tratados sobre DDHH se aplican por encima de la CPE.

Sin embargo, aun si la sentencia favorable llega a tiempo, no dirimirá en forma automática la controversia jurídica sobre la legalidad de la sentencia del TCP, pues no revocará la sentencia del TCP por ser cosa juzgada y por la inexistencia de un procedimiento constitucional para revocarla. La Convención de DDHH establece “que cuando hay una sentencia de la Corte en contra del Estado, el Estado tiene que implementarla siguiendo los procedimientos internos”. En Bolivia, carecemos de procedimientos normativos sobre cómo implementar los fallos de la Corte IDH, la única forma es a través de una ley de implementación de las sentencias, algo que el régimen no dictará ni promulgará.

El precio del gobierno de Morales no puede ser la rendición del Estado, no podemos capitular nuestro mayor patrimonio alcanzado desde 1982: la democracia. Estamos atrapados en un callejón sin salida: si concurrimos a unas eventuales elecciones perdemos el 21F, y si no concurrimos, regalamos las elecciones a Morales. Abstenerse es elegir.

Ante el desafío beligerante de Morales, la única forma de restituir la autoridad usurpada es revirtiendo la apatía del pueblo, reclamando el repudio internacional y ocupando las calles para reponer sus derechos. Solo una mayor presión dará resultado, de lo contrario el ambicioso se quedará el tiempo que quiera. Está descartado que un militar decida quitarle del medio porque las FFAA se han convertido en una masa de serviles sumisos a un partido y no al Estado como manda su misión constitucional.

 

El autor es abogado constitucionalista
Torresarmas1@hotmail.com

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