Desobediencia civil como sagrado deber
Muchos creen ver en la Declaración de Virginia de 1776 una referencia al derecho indudable, inalienable e irrevocable, de reformar, alterar o abolir de la manera más eficaz al bien común, cuando el gobierno mal administra o es considerado inadecuado, contrario a la protección de los ciudadanos. Tardaría unos años en aparecer el concepto desobediencia civil en el libro de Henry David Thoreau que resumía sus conferencias sobre “Los derechos y los deberes del individuo en relación al gobierno”.
De ese modo los historiadores vieron concretada una idea tan antigua como la democracia con Sócrates, que tipifica la desobediencia siguiendo a Sófocles, Esquilo y Eurípides. Tomás de Aquino definió cuándo corresponde la resistencia contra la opresión surgida desde el poder, al proclamar que la resistencia al rey corresponde en la resistencia a la opresión surgida desde el poder si la autoridad atenta contra el bien común.
Santo Tomás marcó las condiciones antes de darse el levantamiento del pueblo, “asegurándose no provocar males más graves que los que sufre la sociedad y que la desobediencia busque el éxito, y que la autoridad que surja debe ser legítima obrando tras el bien común”. Luego se dan obras que ratifican la desobediencia como un deber ante la demanda de legalidad y de institucional, la rebeldía, la resistencia activa o revolucionaria y que aparecerá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Jürgen Habermas, filósofo alemán, indicaba que son actos “formalmente ilegales, pero que se realizan invocando fundamentos legítimos del Estado de derecho”.
Un nombre sale a luz como el emblema máximo de la desobediencia es Mhatma Gandhi quien resistió por vía “huelgas de hambre” hasta conseguir la independencia de la India de la Corona inglesa. En Bolivia tenemos ejemplos como el de “las mujeres mineras” que mediante la desobediencia civil le arrancaron la democracia al Gobierno de Bánzer y la plasmaron en el país.
Con el reciente reconocimiento de la OEA al delegado de Juan Guaidó, y la demanda de igual medida a la Asamblea de la ONU, se habrá logrado deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones de mayo del 2018 tenidas por fraudulentas y que han motivado el colosal desplazamiento de gobiernos y ciudadanos a favor del presidente de la Asamblea en actitud que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, proclama como el cese definitivo de la usurpación de poder a cargo del “régimen bolivariano presidido por Maduro”.
Bolivia se nutre de estos antecedentes cuando descalifica la ilegal postulación de Evo Morales y se apresta con la desobediencia civil para impedirle su continuada presencia ilegal en el poder, terminado sea su mandato constitucional.
El autor es periodista.
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