Siete sectores rechazan el Código Penal pese al anuncio de cambios

Las críticas al Código del Sistema Penal no cesaron pese al pedido del presidente Evo Morales, aceptado por la Asamblea Legislativa, de derogar los artículos 205 (mala práctica profesional en salud), 137 (homicidio culposo con medio de transporte) y de revisar el 293 (sedición) y 294 (atribuirse los derechos del pueblo).

Ayer, la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional declaró un paro indefinido sin bloqueos desde el lunes contra el Código Penal, asegurando que la derogación y revisión de los mencionados artículos son una solución parcial, puesto que hay otros artículos, como el 174 (defraudación tributaria) o el 209 (obstaculización del derecho de los ejercicios políticos), entre otros, que generan inseguridad jurídica no sólo al sector, sino a la población en general.

“Pedimos la abrogación de toda la ley del Código Penal, no estamos de acuerdo con que se derogue dos artículos, sino toda la ley, porque el sector es afectado en varios artículos, y hay tantos que son atentatorios a la sociedad porque no lo conocemos en su totalidad”, dijo el dirigente del sector Gonzalo Baldivieso.

La Cámara aglutina a más 17 mil unidades que llevan carga dentro y fuera del país.

En la misma línea, el ejecutivo de la Confederación del Transporte Pesado, Edgar Tola, ratificó el bloqueo nacional de caminos anunciado por su sector para el lunes, y aseguró que, para frenar la medida, es necesario llevar a cabo una reunión con el presidente Evo Morales. El sector se reunió ayer en la mañana con el presidente del Senado, Alberto Gonzales, quien les explicó los alcances del Código Penal y la derogatoria del 137, pero el transporte espera una reunión con Morales.

Por otro lado, la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales ratificó sus movilizaciones del lunes en La Paz y marchas en las ciudades capitales, exigiendo la abrogación total de la ley penal. Los comerciantes rechazan los artículos 174 y 175 y se declararon en emergencia.

Otro sector en pugna contra la Ley 1005 es la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), que ayer emitió un pronunciamiento en el que solicita de abrogación del Código Penal porque la mala redacción, ambigüedad y falta de precisión de la norma genera un escenario de incertidumbre en el empresariado.

“Hay un alto riesgo para la actividad económica que necesita de normas claras y que tengan contenido de redacción taxativo para una correcta administración de justicia”, manifestó el presidente de la FEPC, Javier Bellot. El sector observa los artículos 174, 175 y otros que según su principal dirigente afectan las garantías jurídicas del empresariado y también de la población en general.

En la misma línea, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) pidió que la norma sea eliminada y se construya otra ley tomando en cuenta las observaciones de los diversos sectores.

La Cámara de Comercio y de Cochabamba manifestó también su rechazo al nuevo Código y pidió su abrogación porque “genera inseguridad jurídica y atenta a los intereses y derechos del pueblo boliviano”.

Sindicatos e iglesias

No sólo instituciones empresariales o comerciantes han manifestado su rechazo. La Central Obrera Departamental de Cochabamba (COD), a través de su ejecutivo, Ángel Camacho, informó que se mantiene el pedido de abrogación del Código. La COD de Chuquisaca también manifestó su rechazo.

En tanto, la Plataforma por la Vida continúa con su pedido de derogación del artículo 157 (causales de aborto), porque atenta contra el derecho a la vida. Sin embargo, el sector no pide la abrogación de toda la ley, sólo del mencionado artículo.

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS), reunida en Comité Ejecutivo ampliado, determinó pedir a la Asamblea Legislativa la abrogación total de la norma porque es “atentatoria a los derechos y libertades de los ciudadanos”. La UMSS se sumó a la UMSA y la Uagrm.

El Gobierno defiende

Sin embargo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, en contacto con Cadena A, dijo que el código “quizás debió haberse socializado en todas las etapas, es un buen código, pero gente que no conoce hace críticas; deben conocer el texto, el alcance primero”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Senadores, José Gonzales, afirmó que abrogar el Código Penal echaría por la borda la posibilidad de cambiar la justicia en Bolivia.

En la misma línea, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, aseguró que el nuevo Código no contiene sanciones exageradas contra los comerciantes y dijo que los dirigentes sólo quieren hacer “asustar a” los gremiales.

4 artículos continúan observados. Se trata del 157, 174, 175 y 209, aunque los sectores aseguran que el Código tiene varias falencias.

DATOS

Oposición presenta proyecto para abrogar. La bancada de Unidad Demócrata presentó ayer a la presidencia de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la abrogación del Código.

Los profesionales abogados se sumaron a críticas. El Colegio de Abogados de Cochabamba manifestó su preocupación por el Código Penal y pidió su revisión.

Profesionales y maestros piden derogatoria. Un grupo de la Federación de Profesionales de Cochabamba y maestros urbanos piden anular el Código Penal.

SECTOR DE SALUD MANTIENE EL PEDIDO DE ABROGACIÓN

La Federación Sindical de Trabajadores en Salud, que aglutina a técnicos, enfermeras y otros sectores, ratificó su paro indefinido desde el lunes 8 exigiendo la abrogación del Código Penal. El sector asegura que la derogación del 205 no es suficiente.

Asimismo, los trabajadores de salud se reunieron con dirigentes de una de las Federaciones de Juntas Vecinales de Cochabamba, la dirigida por Eliseo Alejandro, en la que ratificaron sus medidas de presión para el lunes, con marchas y bloqueos. El piquete de huelga de hambre en oficinas de Fejuve también se mantiene.

Otro grupo que no acepta la derogación de los artículos es el Magisterio Urbano, que también ratificó el piquete de huelga y las medidas de presión.

ALGUNOS TRANSPORTISTAS ACEPTAN IR AL DIÁLOGO

La Confederación Nacional de Choferes y el Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional se reunieron ayer con los presidentes de las Cámaras legislativas para escuchar las explicaciones sobre el Código Penal y así evitar el paro convocado para el lunes.

El dirigente de los choferes del transporte público, Ismael Fernández, dijo que no asumirán medidas de presión porque el Legislativo se comprometió a revisar los artículos observados por el sector.

En tanto, el dirigente de los choferes del transporte pesado dijo que su sector tampoco se sumará a las medidas de presión por ahora. Ambos sectores pedían la derogación del artículo 137 del Código del Sistema Penal.