La Iglesia y DDHH cuestionan las muertes y violencia en requisa
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) cuestionan la incursión violenta de la Policía en el penal de Palmasola (Santa Cruz) que dejó un saldo de siete fallecidos y 25 heridos, y demandan una investigación para esclarecer el deceso de los reclusos y violación de derechos humanos.
En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, respondió a estas críticas asegurando que “algunos, por oponerse al Gobierno, se ponen del lado de los delincuentes”. También dijo que esas observaciones no tenían importancia, pero “lo que sí importa es que la gente ahora se siente protegida”.
Justificó la necesidad de hacer el operativo porque un grupo de internos dirigidos por Víctor Hugo Escobar, alias el Oti, estaba preparando otro motín. Romero añadió que, por otro lado, se estaba gestando una “organización demasiado peligrosa, llegando al mismo nivel de lo que pasa con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil”.
Pese a ello, la Iglesia católica señaló, mediante un comunicado, que “las muertes y el dolor que pudieron evitarse clama que se establezcan responsabilidades y sanciones justas e inmediatas. No se puede instalar una adecuada administración de justicia pisoteando derechos fundamentales de las personas y justificando el recurso a la violencia”.
El secretario general adjunto de la CEB, José Fuentes, expresó indignado que ahora se mencione la problemática en los centros penitenciarios, toda vez que se conoce en todos los niveles la situación de los penales y que estas actuaciones no son soluciones y menos aún decir que fue “exitosa la intervención cuando hay ocho muertos y decenas de heridos”.
“Esta actuación policial no se puede calificar precisamente de éxito, creemos sinceramente que es una broma. No se puede decir que esta actuación policial haya sido realizada con éxito, si algo que no se puede decir de esta actuación es que ha sido un éxito con muertes, con heridos”, sostuvo.
Acotó que en los centros penitenciarios se ha observado la ley de necesidades de los reclusos que se han organizado por cuenta propia en una especie de sociedades paralelas, por lo que hay la presencia de grupos de poder.
A su vez, Amparo Carvajal, de la Apdh, sostuvo que “no hay justificación” del Estado para los hechos sucedidos en Palmasola, toda vez que las autoridades saben de la problemática carcelaria, pero que lamentablemente no ha sentado presencia en los penales motivo por el que se ha impuesto la ley del más fuerte.
“No hay justificativo de ningún plan (en este caso la requisa) que deje muertes y heridos, no se puede aceptar esta discriminación con los presos, que una mayoría no tiene condena y son preventivos, entonces, se tiene que ver la responsabilidad de este acto abusivo y esto lo denunciaremos internacionalmente”, manifestó.
NUEVO GOBERNADOR DE PALMASOLA
Ayer se conoció que el coronel Ronald Mercado fue designado como el nuevo gobernador de Palmasola.
En un corto encuentro con los medios de comunicación, señaló que estaba coordinando el trabajo que desarrollará de aquí en adelante, considerando que el comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, señaló que se escribirá “una nueva historia” del penal de Palmasola.
En tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que hizo una ruptura de la organización que incluía a policías que actuaban de “cómplices”.
OPINIONES
"Los males y las falencias al interior de los penales, que en gran parte también es de las instituciones del Estado, no se solucionan con más violencia, sino con un diálogo sincero". Sergio Gualberti. Arzobispo de Santa Cruz
"Se tomó esa decisión (de intervenir) porque en Palmasola se estaba gestando una organización demasiado peligrosa, llegando al mismo nivel de lo que pasa con el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil". Carlos Romero. Ministro de Gobierno
POLICÍA ACLARA QUE SIETE REOS MURIERON EN REQUISA
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aclaró ayer que los reos de Palmasola que fallecieron durante el enfrentamiento son siete y no ocho, como se informó antes.
Señaló que, por confusión, se contó a un reo que ya estaba internado con una enfermedad terminal y murió ayer, pero no participó del enfrentamiento. En tanto, ayer por la tarde, se concretó el traslado de 12 reos de Palmasola a los penales de San Pedro y Chonchocoro en La Paz.
Un gran despliegue policial se evidenció pasadas las 17:00 de ayer en el aeropuerto el Trompillo de Santa Cruz, familiares de esos internos llegaron al lugar para manifestar su rechazo a la determinación.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, señaló que se encontró suficiente evidencia de que Víctor Hugo Escobar, alias el Otis, realizaba cobros y extorsionaba a otros reos del penal de Palmasola.
Informó que se hallaron planos de su celda y de quienes lo secundaban, que eran “suites” con varios lujos y comodidades. Se identificaron cobros provenientes de redes delictivas que operaban en la ciudad de Santa Cruz, a través de sus cuentas de Tigo Money. Denunció que, junto con sus cómplices, el exregente “controlaba el crimen organizado” desde el interior de la cárcel.
ANÁLISIS
Waldo Albarracín Exdefensor del Pueblo
Se debe buscar una solución progresiva
El alquiler, anticrético o compra-venta de celdas forma parte de la idiosincrasia carcelaria, sin que eso quiera decir que es correcto. Subyace una especie de “derecho propietario” que se arrogan los internos más antiguos sobre celdas, cuando se supone que un recinto carcelario es propiedad del Estado y cualquier interno que llega a un penal tiene el derecho de que se lo aloje y tenga en alguna de esas celdas. Un interno nuevo se somete a las reglas internas porque si trata de combatirlo puede tener problemas.
Para evitar que esto siga sucediendo, habría que buscar una solución progresiva, porque si se aplica de la noche a la mañana, la resistencia de los internos será masiva. El Estado debe tomar posesión de la celda que queda desocupada al salir un interno libre.
