Las víctimas hallaron en EEUU la justicia que no encontraron en Bolivia
Octubre de 2003 caló hondo en los bolivianos. El conflicto se inició ese año con una balacera entre policías amotinados y militares en plena plaza Murillo, en febrero. El hecho de sangre se dio luego de que el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada determinara un impuesto a los salarios, medida que fue rechazada por la población y que desencadenó la protesta de los policías del Grupo Especial de Seguridad (GES). En la refriega hubo casi 30 muertos.
Luego hubo una tensa calma por algunos meses. Las protestas subieron desde agosto tras el anuncio del Gobierno de un plan para exportar gas por puertos chilenos. En septiembre, la calma se rompió cuando campesinos comandados por el entonces líder de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Fsutcb), Felipe Quispe “El Mallku”, iniciaron bloqueos en la zona andina de La Paz. Un grupo de turistas quedó atrapado en el sector de Sorata, por lo que el entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, ordenó un operativo para rescatarlos. El uso de la fuerza dejó cinco muertos.
En octubre ya todo el occidente del país estaba bloqueado. A las protestas de las federaciones de campesinos se sumaron las juntas vecinales y el 5 de octubre la COB convocó a un paro indefinido. Las movilizaciones se extendieron por todo el país y para el 10 de octubre Bolivia estaba casi paralizada. El domingo 12 de octubre una caravana que trasladaba gasolina desde Senkata, en El Alto, hasta La Paz, para abastecer estaciones de servicio, se convirtió en un recorrido de la muerte. El paso de la caravana dejó 29 muertos, según recuentos oficiales. Tras la matanza, el enojo creció pero la represión también. Los muertos continuaron sumando hasta llegar a la cifra de 68. El 17 de octubre, tras un año y tres meses de gestión, Sánchez de Lozada dejó su carta de renuncia en el Congreso y partió en helicóptero desde el Colegio Militar de La Paz hacia el aeropuerto de El Alto, desde donde voló a Santa Cruz para luego salir del país rumbo a Lima. Su destino final fue Miami, en EEUU, donde permaneció desde entonces gracias a su doble nacionalidad.
Le sucedió en el poder su vicepresidente, el periodista Carlos Mesa, quien el 11 de octubre había roto políticamente con Sánchez de Lozada y se había alejado del Gobierno del MNR. Las protestas calmaron, pero no la sed de justicia por las muertes de octubre. En 2004 se planteó un juicio de responsabilidades que logró sentenciar a una cúpula militar en 2011. Sin embargo, los principales acusados no estaban en Bolivia y la extradición era un escenario poco menos que improbable.
Ante ese panorama, un grupo de abogados planteó el 19 de septiembre de 2007 un juicio civil contra las dos exautoridades, basados en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA, en inglés), que permite procesar por la vía civil en el país del norte a personas que hayan sido acusadas en sus naciones de origen de delitos como ejecuciones extrajudiciales o torturas.
En junio de 2008, Bolivia quitó la inmunidad de los exmandatarios para que el caso prosiga, a petición de las víctimas. En 2010, los acusados presentaron un recurso de apelación argumentando que tienen derecho a inmunidad.
Luego de un largo proceso, en marzo de 2018 comenzó la fase de testigos, que dio paso a la deliberación del jurado, que ayer halló responsables a las exautoridades por muertes extrajudiciales.
11 años duró el proceso civil. El juicio civil en EEUU fue presentado en septiembre de 2007 en dos cortes, pero en 2008 el caso se unió en un solo proceso.
EN 15 AÑOS NO SE LOGRÓ EXTRADICIÓN
Bolivia solicitó a EEUU la extradición del expresidente Sánchez de Lozada y su exministro Sánchez Berzaín en varias oportunidades, pero no fue hasta 2016 cuando el Departamento de Estado admitió el inicio de la solicitud. Sectores critican que el discurso del MAS no ayuda.
DATOS
Abogado de EEUU fue clave en el proceso. El abogado estadounidense Thomas Becker fue clave para el proceso. Él consiguió los auspicios y condujo la estrategia legal de las víctimas.
Tres instituciones apoyaron el caso. El Centro de Derechos Constitucionales de EEUU, el Programa de Derechos Humanos de Harvard y el bufete de abogados de Kin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LL Buffete apoyaron el proceso.
