¿Lista pública de violadores y feminicidas? Hay críticas

El Gobierno acaba de presentar un proyecto de ley por el que plantea activar “un registro público de violadores y feminicidas que tengan sentencia ejecutoriada”. Tres juristas ligados con el tema de la mujer o derechos humanos cuestionaron la medida al considerar que atenta contra la intimidad de las personas y se las estigmatiza, además de considerar que una lista pública no bajará los índices de violencia contra la mujer.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que el proyecto de ley, que fue presentado la semana pasada al Órgano Legislativo, básicamente plantea dar a conocer a las personas que hayan incurrido en esos delitos de orden público a través de un registro o base de datos.

De acuerdo con la exposición, la implementación del registro es importante para fortalecer las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres que sufren agresiones graves que vulneran sus derechos humanos.

Establece que es obligación del Estado la adopción de medidas y acciones frente a casos de violencia contra las mujeres. “Aquellas personas que hayan cometido actos de violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes —respetando por supuesto los derechos que puedan tener esas personas— puedan ser verificados en una base de datos. Todos y todas tenemos derecho a esa información de antecedentes, es algo que no es único en el mundo, en muchos países hay una base de datos que registren tipo de casos”, mencionó Montaño.

Para la abogada de la Oficina Jurídica de la Mujer Jinky Irusta, un registro no bajará los casos de violencia, además de que son contados los casos en esta línea que han llegado a una sentencia ejecutoriada.

El exdefensor del Pueblo Rolando Villena, por su parte, consideró que un registro de este tipo atenta contra la intimidad de estas personas, además del derecho de rehacer su vida.

El expresidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, César Cabrera, coincidió con Villena en que se trata de un atentado a los derechos personales, y agregó que ya existen dos listas a las cuales podrían consultar las instancias públicas.

SE ACTUALIZARÁ PERIÓDICAMENTE

El proyecto, de un artículo y una disposición transitoria, indica que el Registro de Personas con Sentencia Condenatoria Ejecutoriada por Violación y Feminicidio será de acceso público.

La información se actualizará periódicamente y será proporcionada por el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap).

Según el Ejecutivo, el Registro está amparado en la Ley 348 y sistema de prevención y erradicación de la violencia por género (Sippase).

OPINIONES

"Esto es letal, grave. Nada justifica generar una suerte de investigación hacia datos de los ciudadanos que tengan antecedentes porque éstos están dentro del fuero de la privacidad. Ceder datos a terceros es grave. Se estaría coartando que una persona con antecedentes penales pueda rehacer su vida. El haber sido presidario ya tiene un estigma, y un registro público es la muerte civil de esas personas". Rolando Villena. Exdefensor del Pueblo

"Esta medida viola la Constitución. Vulnera el derecho a la privacidad e intimidad y nadie puede manejar estos datos de manera pública. Para registrar los antecedentes de cualquier persona ya se tiene un registro en el Rejap. Duplicar una lista y hacerla pública sólo vulnera la dignidad humana. Es estigmatizar ante la sociedad a los sentenciados. Quieren atacar a la criminalidad, pero sin atacar las estructuras mismas de las causas de estos delitos". César Cabrera. Expres. Colegio Abogados

COMISIÓN APRUEBA DECRETO DE INDULTO A RECLUSOS

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa aprobó ayer, por unanimidad, el decreto presidencial de amnistía e indulto que beneficia a reclusos.

El presidente de la comisión, Ciro Zabala, recordó que el decreto prevé beneficiar a más de 2 mil reclusos con sentencia o detención preventiva, de los 18 mil que existen en el país.

A principios de abril, el presidente Evo Morales remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su aprobación, un decreto presidencial de amnistía e indulto total y parcial para privados de libertad.

El decreto beneficiará a detenidos preventivos o con medidas sustitutivas, en caso de que la pena sea menor o igual a cinco años, u ocho años, siempre y cuando haya acuerdo con la víctima.

También se aplicará para aquellos reos con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal, mujeres con 20 semanas de embarazo o que tengan a su cuidado niños menores de seis años y personas mayores de 65 años.

Los detenidos que no podrán acogerse a ese beneficio son los reincidentes, las personas que hayan cometido delitos en los que la Constitución Política del Estado (CPE), el Código Penal y otra norma no admite indulto, entre otros.

DERIVAN A COMISIÓN POLÉMICO PROYECTO DE DATOS PERSONALES

La Presidencia de la Cámara de Senadores derivó ayer a la Comisión de Constitución el proyecto de ley de incorporación del artículo 79 bis a la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) , que determina que el Sereci (registro Cívico) y el Segip (identificación personal) intercambien datos, además de autorizar a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (Agetic) a brindar a las entidades públicas acceso en línea a datos del Sereci.

Este documento generó roces verbales entre oficialistas y opositores. Unos que dicen que la norma para facilitará trámites en línea y otros que sostienen que es permitir al Gobierno, a través de Agetic, manipular los datos de las personas.

El senador Oscar Ortiz (UD) rechazó el texto del proyecto de ley, porque, según dijo, es dar un cheque en blanco a la Agetic, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

“Que haya intercambio de datos entre el Sereci y el Segip parece razonable; lo que no entendemos es por qué se tiene que dar a otra entidad, que depende del Ministerio de la Presidencia y que coordina con la Vicepresidencia, la autorización abierta para que reciba todos los datos e información de los ciudadanos”, cuestionó.

ANÁLISIS

Jinky Irusta. Abogada Oficina Jurídica para la Mujer

“Un registro no va a detener los casos de violencia”

Habría que preguntar cuántas personas están con sentencia ejecutoriada. Vamos a ver que el porcentaje es mínimo. A nosotros, como institución, no nos preocupa tener la lista. Lo que nos preocupa es que se cumpla la Ley 348 en toda su dimensión. No creo que sea posible que con una lista los índices de violencia se vayan a reducir.

Muchos salen de la cárcel sin tener sentencia ejecutoriada, no porque sean inocentes, sino por retardación de justicia, por recursos que anteponen y que duran años. Nos parece que el asunto no va por tener un registro, sino cumplir los plazos de los procesos.