Cada ley le cuesta al país unos Bs 2 millones, revela una legisladora
Un estudio realizado por la diputada Jimena Costa Benavides (UD) da cuenta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) destina alrededor de 2.000.000 de bolivianos por cada ley que se aprueba en esa instancia. El análisis, que comprende la gestión 2005 al primer semestre de 2018, toma en cuenta los recursos destinados a gastos y no a inversión.
De acuerdo con los detalles proporcionados, el presupuesto para gastos entre 2005-2018 alcanza a 955.044.219 bolivianos que son destinados a los diputados y senadores titulares (166), más sus 166 suplentes, además de los funcionarios que se requieren para el trabajo de legislación.
“Ahora, al considerar sólo mitad del presupuesto de gastos de 2018, que aún no se ha ejecutado, deja una cifra final de 814.554.198 bolivianos, que expresa lo que le costaron las 409 leyes al país, durante ese periodo. Esto implica que aunque unas sean más importantes que otras, en promedio, cada ley cuesta al país 1.991.575,06 bolivianos”.
Y si bien –acotó- no se trata de cantidad sino de calidad, igual resulta que las leyes son muy costosas para el país.
Tipo de leyes
La diputada Costa refirió que según los datos de la página oficial de la Vicepresidencia del Estado, se constata que de enero de 2015 a junio de 2018 se han aprobado 409 leyes, que se pueden agrupar en tres grupos.
Las leyes de transferencia o enajenación de terrenos o bienes de una entidad estatal a otra (91), es decir que, por ejemplo, cada vez que un municipio deriva un terreno o un escritorio de metal y una silla giratoria a la Policía Nacional, se requiere de una ley nacional.
En segundo lugar, están los contratos de préstamo o financiamiento (71), son normas, de acuerdo con Costa, que aprueban el incremento de la deuda externa. Recordó que un par de meses atrás presentó un estudio de los 174 contratos de deuda de los tres periodos de Evo Morales (2006-2018), cuyo monto asciende a 12.495.601.956,64 de dólares, sin considerar la deuda que heredaron y no fue condonada, además de la deuda interna.
Por último, las leyes de declaratorias de patrimonio cultural (59), patrimonio histórico o prioridad nacional, que en general señala Costa son “saludos a la bandera”. Son más bien leyes que promueven los o las asambleístas para “quedar bien”. Otras normas de menor orden son: leyes específicas (45), acuerdos y convenios internacionales (33), leyes modificatorias de normas ya vigentes (29), contratos de explotación y exploración hidrocarburífera (28), decisiones administrativas (14), contratos mineros (13), leyes vinculadas a las entidades territoriales autónomas (10).
“No se trata de cantidad sino de calidad, igual resulta que las leyes son muy costosas para el país”.
INASISTENCIA DE LEGISLADORES
La diputada Jimena Costa denunció la falta de asistencia de sus correligionarios a las sesiones plenarias, por lo que demandó se hagan públicas las listas de asistencia para que la ciudadanía tome conocimiento sobre el cumplimiento de sus representantes elegidos por el voto directo.
“Existen algunos colegas (oficialistas y opositores) que no vienen a trabajar las tres semanas que debemos estar en La Paz (una semana obligatoriamente se habilita al suplente), y apenas llegan a la sede de gobierno dos o tres días al mes usando hábilmente las cuatro licencias mensuales que tenemos, presentándolas sólo los días en que se sesiona”, indica.
Ante la ciudadanía –agregó- se tiene que informar lo que hacemos los asambleístas.
