Fijan 22 requisitos para la carrera por la Fiscalía
Los postulantes a la Fiscalía General del Estado deben cumplir con 22 requisitos para ingresar al proceso que tendrá una fase de impugnación de siete días, un puntaje mínimo de 56 sobre 100 para pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que concluirá el 23 de octubre, según la convocatoria publicada ayer.
Los aspirantes a reemplazar en el cargo a Ramiro Guerrero, actual fiscal general, además deben contar con la libreta del servicio militar y no haber militado en ninguna organización política en los últimos cinco años.
No pueden presentarse los abogados que hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras en los últimos cinco años. No pueden participar quienes hayan sido dirigentes y candidatos en los últimos cinco años.
También se exigirá no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia ejecutoriada, además de no tener procesos por violencia de género.
Entretanto, como requisitos específicos, se pide que los postulantes no hayan defendido sistemáticamente a personas condenadas por narcotráfico, excepto, que sea abogado de oficio. La postulación está cerrada para abogados que hayan sido parte de empresas cuya quiebra haya sido declarada fraudulenta.
Se exige que los abogados no hayan sido parte de Gobiernos dictatoriales o hayan patrocinado a culpables de delitos contra el Estado.
En criterio del abogado constitucionalista José Antonio Rivera, la convocatoria “es una pantalla” y los requisitos se exigirán celosamente a profesionales que sean afines al MAS. Añadió que la convocatoria tiene aspectos que van contra la Constitución y discriminan a los profesionales.
ALGUNAS EXIGENCIAS VAN CONTRA LA CPE
Según el constitucional José Antonio Rivera, algunos requisitos tienen su razón de ser y otros no, porque con incompatibles con la Constitución Política del Estado (CPE).
Dijo: “La no militancia es acorde con la Constitución, tomando en cuenta la importantísima labor que debe desempeñar el Fiscal General como representante del Ministerio Público y defensor de la sociedad ante la criminalidad”.
Siguió: “Al poner como requisito el no haber patrocinado a personas acusadas de narcotráfico o con deudas con el Estado, eso va contra la Constitución Política del Estado y es discriminación”.
