Mayoría de postulantes a la Fiscalía ya ocupó cargos en el Gobierno

País
Publicado el 27/08/2018 a las 2h49

LOS TIEMPOS y AGENCIAS

Gran parte de los postulantes para Fiscal General del Estado ya se presentó a las elecciones para el Órgano Judicial o trabajó en el Gobierno, especialmente, en el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y la Procuraduría General del Estado.

El registro de postulantes se cerró ayer con 53 aspirantes. Seis son mujeres y 47 varones, dijo la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Adriana Salvatierra.

El proceso tiene que concluir el 23 de octubre con la designación del nuevo Fiscal General, que reemplazará a Ramiro Guerrero.

La senadora Salvatierra agradeció a los postulantes que se presentaron. Anunció que este lunes se dará inició a la etapa de revisión de documentos, que contemplará una fase de impugnación de siete días, una vez publicada la nómina en tres medios de comunicación de circulación nacional y en la página web de la  Cámara de Senadores http://senado.gob.bo/.

Salvatierra resaltó que la respuesta a la convocatoria  “ratifica la certeza que teníamos los miembros de la comisión de que este es un procesos no sólo legitimado por el alto nivel de participación, sino que, además, es un muy competitivo, con profesionales de gran trayectoria”.  

Aspirantes

En la lista sobresalen algunos postulantes por su cercanía  con el Gobierno, como el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

También el exministro de Gobierno, Jorge Pérez; el exfiscal general del Estado, Mario Uribe; y el hijo del exembajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano.

Además, resalta el exfiscal Williams Dávila, conocido por enviar a la cárcel a Leopoldo Fernández, un líder de la oposición en Pando.

Se incluye el exfiscal departamental de Tarija,  Gilber Muñoz, que llevó adelante los procesos contra el exprefecto Mario Cossío, opositor.

Entre los exfuncionarios de la Consejo de la Judicatura, están Silvano Arancibia, quien en el pasado también fue representante del Defensor del Pueblo en el trópico.

En el grupo de funcionarios actuales sobresalen Ever Veizaga, delegado del Viceministerio de Transparencia en Cochabamba; y, Juan de la Cruz Vargas, representante de la Procuraduría General del Estado. Ambos llevan adelante el proceso contra el alcalde José María Leyes por el caso mochilas. En el pasado, Veizaga atendió el proceso contra Manfred Reyes Villa.

A ellos se suma la vocal del Tribunal de Justicia en Cochabamba, María Torres. De Sucre se presentó Aimoré Álvarez, actual subprocurador de supervisión de la Procuraduría General del Estado. También aspira a la Fiscalía, Iván Lima Magne, quien fue posesionado como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia por el presidente Evo Morales, luego de la renuncia irrevocable de Williams Alave. En tanto, este último también presentó su postulación y se conoce que en el pasado estuvo implicado en el caso taladros de YPFB.

Otros postulantes son: Juan Valencia Alvarado, expresidente del Tribunal Constitucional; Wilber Choque Cruz, expresidente del Consejo de la Magistratura; Juan Lanchipa, presidente del Tribunal de Justicia de La Paz y exdirector de Diremar.

Por otro lado, el exmagistrado, Gualberto Cusi,  presentó su postulación al cargo de Fiscal General  a horas del cierre de las inscripciones.

Cusi fue destituido del Tribunal Constitucional Plurinacional en junio de 2017 luego de enfrentar un juicio de responsabilidades en la Cámara de Senadores.

Se lo encontró culpable en los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes por haber dejado sin efecto la aplicación de la Ley del Notariado.

El exmagistrado se ha declarado en reiteradas oportunidades opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS) y recientemente aseguró que si es elegido como Fiscal General no dudará en iniciar juicios al presidente Evo Morales y a otros miembros del Gobierno.

 

La selección y los plazos. El proceso de selección y designación concluye el próximo 23 de octubre. La impugnación es de siete días.

 

Edwin Blanco. Fiscal departamental de La Paz

Edwin Blanco Soria es actual fiscal departamental de La Paz y por la naturaleza de su cargo ha atendido varios procesos de corrupción, entre ellos el desvío de recursos del Fondo Indígena. También ha enfrentado denuncias por encubrir a su hermano, en una aparente denuncia de violencia doméstica.
El diputado Rafael Quispe, incluso, llegó a recabar denuncias contra Blanco a través de una mesa de quejas que instaló en el Ministerio Público de La Paz.
El Blanco ha conocido otros procesos como el denominado caso Zapata, que involucró a la expareja del presidente Evo Morales. De hecho, llegó a ocupar el cargo departamental después de su trabajo en las denuncias contra Gabriela Zapata por tráfico de influencias con la empresa china Camce.

 

Jorge Pérez. Exministro de Gobierno

Jorge Pérez Valenzuela es abogado, docente y fue exministro de Gobierno del país.
También se desempeñó como viceministro de Régimen Interior, durante el segundo y tercer gobierno del presidente Evo Morales.  
En 2015, Pérez renunció al cargo de viceministro de Régimen Interior por asuntos personales. Entonces se relacionó su salida con la fuga del empresario peruano Martín Belaunde. Posteriormente, en 2017, se conoció que su padre era buscado por Interpol por un proceso de presunto tráfico de drogas en Argentina. Entonces, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se comprometió a colaborar con la justicia argentina y afirmó que desconocía los antecedentes de este hecho. En su gestión Pérez se destacó por medidas de prevención contra la inseguridad.

 

Gilbert Muñoz. Exfiscal departamental de Tarija

Gilbert Muñoz Ortiz fue fiscal departamental de Tarija. El abogado fue imputado en febrero pasado por presunto uso indebido de influencias en un accidente de tránsito, ocurrido hace dos años.
En su trabajo al frente del Ministerio Público en Tarija  llevó adelante los procesos contra el prefecto Mario Cossío, opositor al Gobierno del MAS.  Tras su alejamiento de la Fiscalía de Distrito de Tarija fue promovido como fiscal superior, un cargo intermedio en la Fiscalía General del Estado.
Muñoz comenzó su carrera como ayudante en el Ministerio Público y se destacó por abrir numerosas causas contra Mario Cossío con una de ellas, el caso Imbolsur, firmó la acusación que permitió a la Asamblea Legislativa Departamental suspender al prefecto, que se tuvo refugiar en Paraguay.

 

Iván Lima. Exmagistrado de Justicia

Iván Manolo Lima Magne fue posesionado el 29 de abril de 2014 como magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia por el presidente Evo Morales, luego de la renuncia irrevocable de Williams Alave.
Su labor como magistrado liquidador terminó en diciembre de ese año. En su carta de renuncia enviada al Tribunal Supremo Electoral argumentó motivos personales y añadió que lo hacía por “responsabilidad personal y respeto a la Constitucional Política del Estado”.
Lima fue convocado después para ser parte del juicio de responsabilidades en el caso misiles chinos.
Lima Magne fue candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional en la última elección a los máximos cargos del Órgano Judicial y ahora se postula a Fiscal General del Estado, junto con otros 52 aspirantes.

 

Ever veizaga. Rpte. Viceministerio de Transparencia

Ever Richard Veizaga Ayala proviene de la carrera judicial y en 2011 llevó adelante los procesos contra el prefecto Manfred Reyes Villa, opositor al Gobierno de Evo Morales, por presunto fraude al Estado.
En 2015 fue designado como fiscal departamental de Cochabamba, pero se alejó del cargo en 2016 por “motivos personales”.
Después de su renuncia asumió el cargo de delegado del Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia. Actualmente, impulsa el proceso contra el alcalde José María Leyes, de oposición, por el denominado caso mochilas. El mes pasado renunció a la convocatoria para vocales del Tribunal de Justicia y ha sido señalado por el senador Arturo Murillo por haber facilitado la liberación de los responsables del linchamiento de tres policías en Epizana, en febrero de 2008. 

 

Mario Uribe. Exfiscal general del Estado

Mario Uribe Melendres fue fiscal general del Estado, antes de la iniciarse la gestión de Ramiro Guerrero.
La gestión de Uribe se vio afectada por varias denuncias de presiones a fiscales. Una de las que más transcendió fue la designación de Isabelino Gómez en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, implicado en una red de extorsión en la capital oriental. Uribe aseguró entonces que el exministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, fue quien respaldó el nombramiento de Gómez. Admitió que sí mantuvo contactos con el Gobierno para esta nominación aunque no reunía los requisitos para el cargo. Por otro lado, Uribe autorizó la conformación de una comisión para investigar el presunto “golpe cívico prefectural”, que afectó a varios líderes cruceños de la oposición en el departamento de Santa Cruz. En 2008 denunció un atentado con explosivos en la puerta de su casa.  

 

Williams Dávila. Exjuez y candidato del MAS

Williams Dávila Salcedo es un exjuez, exfiscal y fue candidato uninominal a diputado por el MAS, en La Paz. Actualmente, es representante del Consejo de la Magistratura en la sede de Gobierno.
Es conocido como el juez que envió a la cárcel a Leopoldo Fernández, líder de la oposición en Pando y procesado por la masacre de Porvenir. Su decisión fue seriamente cuestionada porque apresó al político contraviniendo una disposición de la Corte Suprema de Justicia y sin tener competencia. También se lo señala como responsable del encarcelamiento de cívicos chaqueños, entre ellos a José Vaca. Ya fue candidato a Fiscal General por el MAS. En el pasado se lo conectó con las irregularidades del proceso contra Marco Marino Diodato por la pérdida de máquinas de juego. En varias ocasiones se lo relaciona como alguien cercano al ministro Héctor Arze.

 


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