Apdhb: Mujeres, niños, enfermos e indígenas son los más vulnerados
Un informe presentado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) alerta de un retroceso de los Derechos Humanos (DDHH) en Bolivia en los diferentes ámbitos de la sociedad y de las instituciones llamadas por ley en defender los principios fundamentales de las personas.
Este reporte se desarrolla con el monitoreo que realiza el Observatorio de Defensores de DDHH en el país sobre la situación de las libertades fundamentales. De manera concreta, hace referencia a los derechos que se vulneran de grupos movilizados como los cocaleros, universitarios, enfermos de cáncer, pueblos indígenas, mujeres y niños.
Susana Eróstegui, directora ejecutiva de Unitas, señala que el “Estado boliviano ha mantenido una tendencia de vulneración” de derechos este año.
“Es imperante que el Estado se enfoque en el mejoramiento de las políticas para la protección de los derechos, considerando que las tres libertades (asociación, reunión pacífica y expresión) son las bases fundamentales de una sociedad democrática de Derecho”, dijo.
De acuerdo con el diagnóstico, pese a existir normas sobre la protección a grupos vulnerables, la protección que el Gobierno nacional debe otorgar tanto a la población como a las organizaciones que abogan por sus derechos es mínima y, en muchos casos, se ha utilizado la fuerza pública.
Recordó que la Policía usó en varias ocasiones gases pimienta y lacrimógenos, además de un carro Neptuno, contra una multitud de cocaleros de los Yungas que protestaban contra la Ley de la Coca. “El dirigente Franclin Gutiérrez permanece detenido sin un debido proceso”, dijo.
En tanto, respecto al drama de los enfermos de cáncer, pese a que la normativa reconoce los derechos a favor de poblaciones vulnerables, en la práctica, ésta “no tiene el respaldo político o financiero de las entidades públicas, menos del sistema judicial”.
MUJERES E INDÍGENAS, LOS MÁS GOLPEADOS
El informe indica que otro tema de violación de derechos humanos es la falta de protección a los indígenas que viven en reservas, mismas en las que el Gobierno impulsa megaproyectos. Puso como ejemplo los casos de las hidroeléctricas El Bala y Rositas, donde el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas reveló la violación del derecho a la consulta de los pueblos originarios en Bolivia.
Asimismo, se indicó que, en el caso de las mujeres, las normas creadas para su protección no están dando resultados y se ven cifras crecientes de violencia contra este sector.
En lo que respecta a la libertad de expresión e información, el documento denuncia que existen muchas limitaciones y hay un incremento de presión financiera y política hacia los medios de comunicación. “Durante los últimos 12 años, se ha presentado escasa difusión de datos, y ésta no responde a las inquietudes de la sociedad civil”, señala el reporte.
EL INRA Y EL TSE FUERON OBSERVADOS POR SU LABOR
LOS TIEMPOS y ERBOL
En cuanto a la institucionalidad democrática, el informe se refiere a dos casos específicos de entidades de las cuales pone en duda su independencia: el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con directores interinos durante los últimos 12 años y que permite titulación de tierras en reservas naturales, y el Tribunal Supremo Electoral, por la programación de elecciones primarias de manera repentina y la habilitación del binomio Morales-García Linera.
“Esta importancia reviste de igual manera a los derechos de los defensores de Derechos Humanos y a la consolidación de la Institucionalidad Democrática”, concluye el informe.
En el acto, también se entregó reconocimientos a Amparo Carvajal y la Asociación de Pacientes con Cáncer.
