Oruro vive entre el abandono y el miedo a un año de las explosiones
A un año de las explosiones en la avenida del Ejército y Bakovic, en la ciudad de Oruro, la convivencia se ha tornado incierta, todos recelan de todos y la gente circula por las calles con temor. No se logró superar ese episodio que enlutó a la sociedad boliviana.
Los dos atentados (10 y 12 de febrero) dejaron 12 muertos, ocho de una misma familia. Además, sólo una persona era hasta hace poco la principal sospechosa, se trata de Juan Carlos Herrera, esposo y padre de dos víctimas fatales.
Él después de ocho meses de detención preventiva en la cárcel fue sobreseído porque no hallaron mayores elementos que lo involucren con el hecho.
Del otro lado quedan los heridos, 52 en total, varios quedaron con secuelas. En Oruro existen todavía 20 que requieren una segunda operación, una prótesis o alguna atención complementaria, mientras que otros tienen incrustado en alguna parte de su cuerpo una esquirla de vidrio, madera o plástico y que -según les dijeron- sólo les resta esperar a que su mismo organismo lo expulse.
Es el caso de Carla Molina (39), ella y su hija de 19 años, el 10 de febrero de 2018, vendían pastillas justo al lado del carrito de chicharrón de Ana Fernández (71), donde estaba el artefacto explosivo que después fue detonado. “Yo tengo una esquirla en la pierna, al caminar me molesta, me lastima. Yo quiero que me hagan otra operación”, señala.
Germán Fernández (48) era carpintero hasta antes del siniestro, tuvo que dejar el oficio y vender toda su maquinaria para cuidar y pagar por las curaciones de su esposa Jesusa Suárez, quien quedó con la cadera fracturada y que después le afectó a la columna.
El Gobierno garantizó la suma de 3 millones de bolivianos para cubrir las curaciones de los heridos, sin embargo ambos señalan que no saben en qué específicamente se invirtió ese dinero, por ello piden una rendición de cuentas.
Además, conformaron una asociación para que de forma conjunta se exija mayor atención.
El pasado viernes salieron en una marcha para exigir al Gobierno que garantice las curaciones hasta que su rehabilitación concluya, porque pese a haber realizado campañas y recibir donaciones en productos y en efectivo, esto no fue suficiente.
El miedo sigue
Herminia Arteaga, propietaria del inmueble ubicado en la esquina en la que ocurrió la primera explosión, señala seguir atemorizada.
“Tengo miedo, no sé qué voy a hacer, por ejemplo ahora ya estoy de miedo, ya está llegando carnavales. Estoy pensando en irme”, relata.
Según la ama de casa, ahora la otrora zona comercial que tenía mucha afluencia de personas está vacía debido a los sucedido el año pasado, además, indicó que varios dueños de viviendas decidieron vender sus inmuebles.
Exsubcomandante: “Se contaminó el ambiente de las dos explosiones”
El entonces subcomandante de la Policía Departamental de Oruro y uno de los primeros en llegar al lugar del suceso en febrero de 2018, Freddy Betancourt, en diálogo con Los Tiempos refirió que usaron todos los medios tecnológicos que tenían al alcance, pero que la investigación fue muy complicada debido a la contaminación de las escenas de las explosiones.
“Hubo mucho movimiento de gente, se contaminó el ambiente de las dos explosiones, pero bueno toda investigación puede durar muchos años. Esperemos que avance y se pueda dar con los autores de estas dos explosiones en la gestión 2018”, indicó.
Agregó que aún falta mucho por investigar y que para eso se necesita que las personas que presenciaron el hecho informen. Dijo que a través de medios tecnológicos y las cámaras de vigilancia se dio con potenciales testigos, pero que no se puede recurrir a la coacción para que den su declaración.
“Puede durar cinco, 10 años, eso no es problema, no existe plazos para la investigación, esperemos ver el resultado. Es un año que pasó de lo que ha ocurrido, tenemos tiempo, hay que darle nomás la prioridad del caso, porque no debemos ya nosotros permitir que nuevamente que ocurran estos hechos”, afirmó.
