La CIDH dejó a Bolivia entre la esperanza y dudas de su efectividad
País
Publicado el 17/02/2019 a las 0h00
Paola Gareca es una madre indígena que vive en carne propia la presión del Estado y de una petrolera que buscan explorar cerca de su comunidad, Pampa Grande, en la reserva de Tariquía, en Tarija, a pesar de que sus pobladores se oponen.
La resistencia que nació hace varios años tuvo una esperanza esta semana en Sucre, sede del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta donde Paola viajó para contar su historia y de las once comunidades afectadas. Pero se encontró con una “ola” de personas que querían presentar su denuncia. Sólo la escucharon dos minutos, porque había una lista de más de 70 oradores. “Hay desazón. Ha sido una denuncia muy cortita, pero estamos conformes”, dijo.
Así, entre la desilusión y la incertidumbre, concluyó el viernes la histórica sesión de la CIDH que duró ocho días, dejando más dudas que certezas respecto al futuro de los derechos humanos y políticos en Bolivia. Los comisionados escucharon más de 30 denuncias de vulneración de derechos de al menos 20 sectores de la sociedad boliviana, pero varios activistas, indígenas y expertos denunciaron que el Gobierno copó las audiencias públicas con dirigentes allegados y politizó el evento a tal nivel que la visita del organismo “se llevó tal vez una percepción incompleta” de la realidad boliviana, como dijo la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal.
“Creo que (los comisionados) no pudieron ver todo, porque ha habido denuncias esporádicas, porque se vio denuncias de indígenas y de derechos humanos, que fue lo más fuerte, en dos minutos, y porque fue tan minimizada la sociedad civil y fue tan copado el acto por el oficialismo que no sé qué percepción se han podido llevar”, dijo Carvajal a Los Tiempos.
“Fue totalmente parcializado, un acto político y partidizado”, aseveró.
Paola Gareca, que es también dirigente de Tariquía, relató que “como nadie nos escucha” en el país “decidimos ir a Sucre para contar a la CIDH lo que nos está pasando. El Gobierno quiere ingresar a trabajar sin hacer la consulta previa y ha tratado de dividir comunidades”.
“Ha sido la denuncia muy cortita, no se ha podido decir todo, pero estamos conformes con lo que hemos dicho; pero había mucha gente del MAS que quería hacer quedar bien al Presidente. Él (Presidente) no cuida la madre tierra, por eso hicimos la denuncia. Él quiere hacer pedazos lo poco que hay”, aseveró.
Por su parte, el dirigente del Consejo de Ayllus y Marqas del Qollasuyo (Conamaq) denominado orgánico, Cristóbal Huanca, afirmó que se denunciaron cinco vulneraciones de sus derechos, entre territoriales, avasallamiento de tierras por empresas mineras, persecución de dirigentes, división de las organizaciones y avasallamiento de sus competencias jurisdiccionales.
“Hemos hecho conocer las vulneraciones, pero ellos lo manejan en tres años, en cinco años las demandas. Entonces nuestras respuestas en minería van a salir cuando ya se terminen pues los recursos. Tarda mucho y también estamos viendo otras vías”, lamentó.
“La presencia de los hermanos ha sido bueno para hacer conocer los avasallamientos, que se pisotea los derechos, lo único sería que la demanda presentada falta saber cuándo saldrá”, concluyó.
Toribia Lero, de la Coordinadora Andina de Naciones Indígenas (Caoi), explicó que esta organización viene monitoreando el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos internacionales respecto a los derechos de los pueblos indígenas.
“En el caso boliviano, el Estado hace las cosas al revés. No ha cumplido las recomendaciones, más al contrario, el Estado viola los derechos de los pueblos indígenas porque da mayor prioridad a un modelo extractivista que hace daño a los pueblos indígenas porque es ahí donde están los recursos de minería e hidrocarburos o tierras fértiles o las megaobras como las represas”, aseveró.
Lero explicó que su sector presentó denuncias sobre violaciones al debido proceso, perseguidos políticos, retardación de justicia, a la libertad de expresión, a la libertad de organización y de acceso a la justicia.
Sin embargo, la denuncia más común fue la vulneración del voto del 21F. Óscar Ortiz, senador y candidato de Bolivia Dice No, señaló que el pedido que se hizo fue el “per saltum” que es un mecanismo que acelera el tratamiento de las peticiones contra la reelección para que sea un pronunciamiento realmente efectivo. El objetivo es evitar la convulsión social que podría causar la reelección de Evo Morales. También señaló que se pidió por los perseguidos políticos. “Denunciamos que se quiere seguir el camino de Venezuela y de Nicaragua. También denunciamos lo que sucedió con el copamiento del TSE”, aseveró a tiempo de mostrar que el mayor obstáculo hoy, es el tiempo.
Respecto a la estrategia del MAS de minimizar el 21F en la CIDH, Ortiz señaló que el oficialismo quiere ocultar lo que pasa en Bolivia y que atenta contra la democracia. “La CIDH tiene que ver el conflicto al que nos lleva la reelección y el peligroso escenario que se puede dar”.
La Presidenta de la Apdhb también presentó un documento con 25 denuncias de vulneración de derechos, desde políticos, pueblos indígenas, persecución, entre otros. Carvajal logró reunirse con los comisionados y contarles la situación del país, pero admitió que no salió muy ilusionada de esa reunión.
Los datos que deja la visita de la CIDH
La CIDH concluyó el viernes el 171 periodo de sesiones desarrollado en la ciudad de Sucre durante 10 días, con la aprobación de 11 informes de fondo relacionados a casos y peticiones de vulneración de derechos de países que conforman este organismo.
Asimismo, se aprobaron dos informes temáticos, 24 audiencias públicas y una docena de reuniones privadas. 468 personas de la sociedad civil se inscribieron para las audiencias públicas. Se celebraron 30 reuniones de trabajo, 15 soluciones amistosas, 14 reuniones de soluciones amistosas de varios países, 5 sobre seguimiento y recomendaciones, 8 medidas cautelares, 37 reuniones bilaterales, además de un conjunto de eventos académicos.
MAS copó audiencias y los activistas, las calles
El 171 periodo de la CIDH tuvo una fuerte presencia de colectivos ciudadanos que defienden el voto del 21F, que dijo No a la reelección, mientras que los sectores del oficialismo coparon las audiencias públicas.
A la sesión abierta del miércoles asistieron unas 180 personas de las que más de la mitad eran afines al AMS. Entre ellos estaba el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi; el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, Orlando Gutiérrez; entre otros líderes afines al MAS.
También participaron las “bartolinas”, campesinos, interculturales, un grupo de cocaleros, gremiales, fabriles y la Confederación de Médicos de Bolivia, entre otros.
Según activistas que estuvieron en el acto, más de la mitad de los inscritos eran oficialistas y a cada palabra a favor del MAS, aplaudían. A pesar de ello, las calles sintieron la presencia del 21F y las protestas contra la reelección. Los activistas se dieron modos para hablar con los comisionados en las calles, y varias personalidades, como Amparo Carvajal, o candidatos, como Carlos Mesa, entre otros, entregaron documentos o cartas contando la realidad del país y pidiendo que se priorice el análisis del caso boliviano, antes de que sea demasiado tarde y seamos “como Venezuela”.
Experto pide ver otras vías para proteger derechos
El experto en derecho internacional Franco Albarracín explicó en el foro “Evaluación de cumplimiento de las obligaciones del Estado ante el sistema interamericano de DDHH”, que se realizó en la UCB, que hay otras vías, aparte de la petición, que podrían servir para exigir la protección de DDHH.
El experto mencionó que una vía es plantear las vulneraciones en audiencias públicas, como las que se realizó en el país en pasados días. La CIDH sesionará próximamente en Jamaica y Ecuador y serían escenarios propicios para presentar denuncias.
También explicó que se pueden solicitar informes temáticos o informes país, que son mecanismo más cortos que también tienen efecto vinculante en el país. Se trata de visitas e informes específicos sobre vulneraciones de derechos que hace la CIDH tras visitar un país.
Bolivia incumplió varias recomendaciones
El investigador Miguel Miranda, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), aseveró que Bolivia incumplió una serie de recomendaciones y resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sobre todo referidas a la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
Explicó que esto se puede verificar en base a los informes país de 2009 y 2012, que indicaron una serie de recomendaciones de protección ambiental y de poblaciones, pero que fueron incumplidas sistemáticamente por el Estado, sobre todo por el avance de la minería e hidrocarburos.
“Hay intensificación de entrega de permisos para la explotación minera e hidrocarburos en zonas que son de protección y que afectan a pueblos indígenas”, aseveró.
Análisis
“Presencia de la CIDH dejó más incertidumbres que certezas”
Rolando Tellería
Docente de Ciencias Políticas - UMSS
Tanto para oficialistas como para opositores y plataformas ciudadanas del 21F, la presencia de la CIDH en Bolivia ha generado más incertidumbres que certezas.
No obstante el acoso del que fueron objeto, la CIDH no dejó entrever ninguna señal sobre su pronunciamiento, que tendría que efectuarse, según la expectativa de opositores y plataformas, antes de que los candidatos del MAS, Evo Morales y Álvaro García, se inscriban como aspirantes a las elecciones de octubre. Obviamente, tampoco tendrían que adelantar, cuidando su imagen e imparcialidad, ninguna posición sobre la demanda en curso, cuyo tratamiento, por sus características de funcionamiento, es, ciertamente, muy lento.
La única forma de acelerar este proceso es evitando que se ventile por orden de ingreso y más bien sea tratado por excepción. Éste es el único camino para que un eventual pronunciamiento se produzca antes del registro de candidatos. De otro modo, sucederá como el caso de Nicaragua, cuya admisión se produjo siete años después de presentada la demanda.
Ahora bien, la posibilidad de que sea tratada por excepción, debido a que es un tema en el que existe daño inminente e irreparable, no está descartada. Esto pone en “estado de nervios” al oficialismo, que ha intentado dejar la mejor impresión sobre el estado de la democracia en Bolivia; mientras que opositores y plataformas intentaron mostrar lo contrario. Sin embargo, para ambos, la presencia de la CIDH en Bolivia no ha generado certezas. Más bien ha incrementado las incertidumbres sobre el carácter y los tiempos del pronunciamiento. De modo que ningún bando puede ni debe anticipar victorias.
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