Gobierno dice que no requiere ayuda pese a la crisis judicial

El viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diego Jiménez, aseguró ayer que el Gobierno no perdió los recursos de cooperación de la Unión Europea (UE) para la reforma judicial, pues estos fondos sólo eran una oferta de este organismo que no fue concretada porque el Ejecutivo encara los cambios en la justicia con recursos propios.

“La reforma no depende de la cooperación. La reforma que está encabezando el Gobierno a través de la institucionalidad de la justicia es una reforma independiente y que va a ser siempre encaminada en el marco de los propios recursos de los bolivianos a través del Tesoro General de la Nación. (Ahora), si sobre eso existe un apoyo que venga de buena fe, va a ser recibidas”, dijo Jiménez a los medios, ayer en La Paz.

Esta declaración surge tras la revelación del embajador de la UE en Bolivia, León de la Torre Krais, quien, en una entrevista con Los Tiempos, aseguró que la partida de cooperación para la reforma judicial, que llegaba a 30 millones de euros (más de 34 millones de dólares) ya no estaba disponible porque el Gobierno se había atrasado en la presentación de los planes.

“Había (ese dinero), pero eso ya no está disponible por el retraso. Eso ya lo saben las autoridades. Nosotros ya no tenemos ese monto disponible precisamente por el retraso que hubo en la implementación de proyectos de reforma judicial”, dijo el diplomático al diario Los Tiempos.

Al respecto, Jiménez replicó que Bolivia tuvo acercamientos con la UE para hacer acompañamiento a las reformas de justicia, pero que éstos nunca se concretaron. Dijo que la ayuda internacional es bienvenida siempre que sea de buena fe, no ponga condicionamientos y que respete la independencia del Estado.

Asimismo, aseveró que “se ha hecho enormes esfuerzos que no han requerido de la cooperación”, y puso como ejemplo la Ley de Salas Constitucionales, la Ley del Notariado y el Código de las Familias. “La lógica de la reforma y transformación de la justicia y otros espacios se ha hecho con esfuerzo del Tesoro General, del Estado”, aseveró.

Sin embargo, Jiménez no explicó por qué no se consolidó esa partida presupuestaria de la cooperación europea y tampoco si se presentó un plan de reforma judicial.

La pérdida de estos fondos fue duramente criticada por diversos sectores profesionales y de oposición, que aseguraron que al Gobierno no le interesa cambiar la justicia, sino que sólo busca mantenerla bajo su control para fines políticos.

Críticas

El expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, César Cabrera, lamentó las declaraciones del viceministro Jiménes porque el Órgano Judicial necesita más fondos para una transformación profunda.

“Cuando les conviene, dicen que la UE nos tiene que cooperar; pero ahora que se han perdido tantos recursos, entonces usan una argumentación totalmente rebatible, y no es razonable que, a título de soberanía o dignidad, hayamos perdido esos recursos”, aseveró.

Aseguró que los 34 millones de dólares le hubieran “caído muy bien” al Órgano Judicial, porque necesita más personal, infraestructura, capacitación y otras áreas que el actual presupuesto no llega a cubrir.

Respecto a las aseveraciones del Viceministro de Transparencia de que hay avances importantes en la reforma judicial, Cabrera aseguró que el único avance concreto fue la Ley de Salas Constitucionales, ya que las demás normas que hace mención o no funcionan o son proyectos.

“(Las declaraciones de Jiménez) son un justificativo sólo para salir del paso porque el proceso de avance es prácticamente nulo de los resultados de la cumbre de justicia”, dijo.

El embajador de la UE en Bolivia afirmó que la partida de cooperación para la justicia ya no está disponible.

PAÍSES COOPERAN CON BOLIVIA

A pesar de la pérdida de los fondos de la UE, varios países cooperan de manera bilateral con las instituciones judiciales de Bolivia, informó el Ministerio de Justicia.

Se trata de la Cooperación Española, la GIZ de Alemania, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), entre otras instituciones de ayuda internacional, que coordinan directamente con algunas instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o el Ministerio Público. Asimismo, se informó que se analiza junto a la UE la cooperación de 3 millones de euros para 2020.

PRESUPUESTO DE JUSTICIA HABRÍA AUMENTADO 25%

La cooperación que ofertó la Unión Europea (UE) de 30 millones de euros (unos 34 millones de dólares o unos 234 millones de bolivianos) equivale al 25 por ciento del presupuesto de todo el Órgano Judicial, que en 2019 llegó a poco más de 950 millones de bolivianos.

Según el Presupuesto General del Estado 2019, el Órgano Judicial tiene presupuestados 951.075.648 bolivianos, poco menos que lo que se le asignó en 2018, cuando la cifra llegó a poco más de mil millones de bolivianos.

La cifra de la cooperación perdida también habría alcanzado para duplicar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado, institución que en 2019 tiene asignados 228.255.960 bolivianos. La cooperación también es tres veces mayor a lo asignado al Tribunal Constitucional Plurinacional.

EVO ANUNCIÓ MÁS DE 5 VECES LA REFORMA JUDICIAL

El presidente Evo Morales anunció en al menos cinco ocasiones una gran reforma judicial o una “revolución de la justicia”, que no se concretó hasta la fecha.

En enero de 2015, el Presidente anunció que se trabajaría en cambios profundos a la justicia y al mes siguiente anunció la Cumbre de Justicia, que generaría el plan de reforma judicial. En la ocasión, anunció un referendo para modificar la Constitución con el objetivo de acabar con la crisis judicial.

Sin embargo, la cumbre se realizó en junio de 2016 con más de 100 propuestas de las que cerca de 10 fueron concretadas. Ese año, Morales volvió a anunciar reformas judiciales, al igual que en el informe a la nación de enero de 2017. En 2018, el presidente Morales admitió que la reforma en la justicia no avanzó.