Los altos costos del VAR ponen en duda su viabilidad en Bolivia
La implementación del sistema de videoarbitraje (VAR) en el país tiene un costo alto y, de momento, no existe una fuente para financiar el mismo. Ésa fue la principal conclusión a la que llegó ayer el Consejo Superior de la División Profesional que se realizó en Santa Cruz.
De todas formas, no existe una decisión final y el tema se analizará en las siguientes semanas.
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, informó que se conoció la explicación técnica de dos empresas: Mediapro y Tecnoaméricas.
“En el tema del VAR, se invitó a dos empresas para que hagan la explicación estrictamente técnica. Se va a hacer un compás de espera para ver qué responde el señor Marcelo Claure”, señaló.
El dueño de Baisa no se presentó en la reunión, tal como había anunciado, pero tampoco envió a ningún representante.
Al respecto, Salinas sólo señaló que esperarán la respuesta del empresario para ver si es que ratifica el ofrecimiento de correr con todos los gastos del videoarbitraje.
“Por la explicación de los técnicos, nos hemos dado cuenta que la implementación del VAR es un proceso no muy corto. Primero la autorización la tiene que dar la FIFA porque ellos tienen los derechos de licencia de cualquier instalación del sistema. Luego viene el tema de infraestructura, equipos a instalar, además de la capacitación de los técnicos; entonces no es un proceso corto”, detalló.
El tema de los precios por partido fue uno de los aspectos puntuales que puso en duda la viabilidad de este implemento tecnológico. De acuerdo a la información que brindaron los representantes de las dos empresas, se tienen opciones, pero los costos no son mínimos.
En el caso de Mediapro, Salinas explicó que ofreció el servicio completo. En ese caso, el contrato sería por cuatro años, periodo en el que se contará con la dotación de los equipos, la instalación, el mantenimiento y la reposición en caso de que sea necesario. El costo sería de 5.000 dólares por cada encuentro.
Por su parte, la empresa Tecnoaméricas ofrece el servicio por un precio menor, que alcanza a 2.600 dólares; sin embargo, se deben adquirir los equipos por un millón de dólares. En esta propuesta, se dejó en claro que los aparatos pueden quedar obsoletos en dos a tres años y, en cuanto suceda esto, la Federación debe cubrir con los gastos de reposición.
En este sentido, también se puntualizó que Mediapro tiene la licencia oficial de la FIFA, mientras que Tecnoaméricas no regenta la misma.
“Se abrió el debate del VAR, nos permitió conocer en detalle, tener una idea exacta. Evidentemente es importante, pero todo pasa por el tema económico. Ninguno de los delegados quiso aceptar las dos propuestas porque a veces no se recauda ni eso, ya que en un partido de un equipo mediano o pequeño no se llega a recaudar eso”, apuntó.
El titular federativo dijo que la implementación del VAR se había considerado para la próxima temporada, por lo que se tomarán el tiempo necesario para analizar el tema.
La entidad federativa anunció que hará conocer una decisión final en dos semanas.
$us 2.600, el más barato. La empresa Tecnoaméricas ofrece el servicio por un costo de 2.600 dólares por partido, mientras que Mediapro lo hace por 5.000.
SISTEMA PARA TODAS LAS FEDERACIONES
“La implementación del VAR, según la FIFA, tiene que darse en las 211 federaciones, no sabemos en qué tiempo, porque ellos analizan la realidad económica, el tema de la estructura de cada campeonato y en base a eso se va a ir dando. Creo que, en el mediano y largo plazo, todos los campeonatos vamos a terminar con el VAR”, señaló el presidente de la FBF, César Salinas.
De la misma manera, el gerente de Mediapro en Bolivia, Claudio Martins, dijo que la llegada del videoarbitraje es inevitable.
“Es algo que llegará a Bolivia, es inevitable, es el futuro, es la tendencia global; el 2020, 2021 o 2022, va a ser un requisito de FIFA”, aseguró.
SALINAS ESTIMA QUE EL RECLAMO DE BOLÍVAR TERMINARÁ EN UN TRIBUNAL DEPORTIVO
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, señaló ayer que el reclamo de Bolívar por la deuda de 250 mil dólares por el bicampeonato que obtuvo en 2017 terminará en un tribunal deportivo.
Las declaraciones del titular se emitieron luego de que se dejara en claro que la entidad federativa no puede cubrir ese monto, porque además no corresponde.
“Se hizo un análisis legal y técnico, la FBF no pudo ponerse de acuerdo con Bolívar porque primero no reconoce la deuda, se la aprobó de manera irregular y política, también lo han manifestado los presidentes. Quienes tendrían que asumir serían los que firmaron en 2017. Así que ese tema va a terminar en un tribunal deportivo que ellos elijan. Nosotros, como FBF, tenemos los argumentos legales para defender el no pago de esa deuda”, aseguró.
El titular reveló que, si bien hubo un compromiso de gestionar el monto ante la Conmevol por parte del expresidente interino, Marco Peredo, éste jamás se hizo efectivo.
“Se hizo en el interinato de Marco Peredo, que irresponsablemente aprobó eso con el compromiso de gestionar ante Conmebol. Hechas las averiguaciones por mi persona, ni siquiera dijo una palabra, porque Conmebol no va en esa línea de ayudar en cosas que no son institucionales”, aseguró.
Salinas dijo que los dirigentes fueron desinformados y por lo tanto engañados en este tema.
La FBF insiste en no cubrir con la exigencia de la Academia paceña que pide el pago de 250.000 dólares, monto que equivalía a una clasificación a la Copa Sudamericana.
Por los cambios que se dieron en el fútbol nacional y la adecuación a un calendario que inicie en enero y culmine en diciembre, las consecuencias aún continúan.
Reciben oferta formal de S&T
El titular de la FBF, César Salinas, informó ayer que la empresa S&T Sports Group entregó una propuesta formal por los derechos de televisación del periodo 2021-2024.
La oferta se mantiene en 40 millones de dólares por los cuatro años, empero Salinas señaló que se tomarán un tiempo para conocer todo lo referente a la empresa. Asimismo, se mantiene la idea de sacar una licitación pública para 2020.
