Carlos Alarcón: “Urge una restructuración total del sistema de justicia”

Entrevista
Publicado el 03/07/2017 a las 0h00

PROPUESTAS | EL RECONOCIDO CONSTITUCIONALISTA SE HALLA EN UNA VIRTUAL CAMPAÑA PARA QUE LAS ELECCIONES JUDICIALES TENGAN GARANTÍAS. PARALELAMENTE, PLANTEA OTRO MODELO DE SISTEMA JUDICIAL DESTINADO A EVITAR LA CONTAMINACIÓN POLÍTICA. 

Carlos Alarcón desahucia las elecciones judiciales y prevé que volverán a resultar un fracaso. En esta conversación con OH! resume la serie de propuestas que ha llevado a los parlamentarios nacionales para evitar aquel colapso.

 

OH!: ¿Ha llegado la justicia boliviana a tocar fondo?

Es este uno de los peores momentos históricos del sistema judicial de Bolivia. Se vendió como una panacea y como una novedad la elección por voto de las altas autoridades judiciales. Sin embargo, esta idea tiene su origen en la Revolución Francesa. Esa vez, en 1789, se instauró la elección por voto de los jueces, pero no se aplicó nunca porque fracasó de entrada. Entonces era una mentira esto de que era un invento y un aporte de Bolivia al mundo la elección por voto popular.

Claro, acá se aplicó en el año 2011, por primera vez, pero fue un rotundo fracaso porque el soberano no era el verdadero decisor en las urnas de la calidad de justicia en el país eligiendo a los mejores jueces. Fue un ardid que usó el Movimiento Al Socialismo (MAS), con su mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa (ALP), para obligar al soberano a votar por los jueces que sólo le interesaban al MAS. Eso se está repitiendo ahora con esta segunda elección.

Entonces, en lugar de dar un gran paso y construir un sistema de justicia independiente, confiable y de alta calidad, encabezado por los mejores profesionales del derecho, el MAS obligó al soberano a votar por sus jueces para alcanzar fines políticos.

Uno de los instrumentos vitales para la manipulación política que tiene el Movimiento al Socialismo es el sistema fiscal, judicial y policial. Eso nos colocó en uno de los peores momentos de la historia del país en cuanto a un sistema de justicia que esté al servicio de la gente.     

 

OH!: Si dejásemos al margen el sistema de elecciones, ¿cuál sería el camino a seguir para construir un nuevo sistema de justicia?

Tenemos que hacer un cambio, si vale el término, revolucionario en el capítulo de la Constitución Política del Estado (CPE), referido al tema. Tenemos que estructurar un nuevo sistema de justicia no sobre esta lógica verticalista, heredada de la época de Napoleón. Entonces se estructuraba verticalmente al sistema de justicia sobre la base, primero, de la manipulación política y después sobre la base de la carrera judicial. Urge una restructuración total donde tengamos un sistema horizontal que solamente diferencie las funciones de los operadores fiscales y judiciales por la especialidad que tengan en cumplir su trabajo, pero no por los grados ni jerarquías en la carrera judicial y fiscal.

Hay que cambiar eso por la capacitación fiscal y judicial. Y hay que darle garantías para que se seleccione a los mejores operadores del sistema y para que sean inamovibles hasta que fallezcan, se jubilen, renuncien o sean destituidos de sus cargos por faltas o delitos. En mi propuesta no debería haber diferencias por altos cargos, sino diferencias simplemente funcionales entre los juzgados. Entonces el juez mejor seleccionado, el que tenga garantías de inamovilidad en su cargo, salvo casos excepcionales, el que tenga la mejor capacitación, proporcionada por el Estado y las universidades, incluso con acuerdos a nivel internacional, etc., al no haber jerarquías, sólo se preocupará por una única agenda: los casos que le lleguen a su juzgado o fiscalía y en resolverlos de la mejor manera posible.

Entonces no tendrá que estar saltando de un puesto a otro, no tendrá que estar pagando facturas o debiendo favores para escalar en la pirámide de cargos. Ingresaría y terminaría su carrera en el mismo puesto y con todos los honores y reconocimientos sociales y profesionales que merezca exclusivamente por su buen o mal desempeño. Igualmente, debería haber igualdad de derechos y deberes entre todos los jueces. No debía haber unos que ganen más y otros que ganen menos, así estén en la frontera o en alguna provincia.

En suma, sería un sistema de justicia social altamente especializado y desconcentrado en el territorio. Se abrirían casas de justicia en los barrios, donde el ciudadano necesita a jueces y fiscales, y no en esa concentración absurda de hoy en los palacios de justicia en las capitales. Hoy allí el litigante tiene que pasar un vía crucis para acceder a una buena justicia. En este otro modelo de justicia constitucional se lograría que el ciudadano tenga cerca de su domicilio todos los servicios judiciales que necesite.

 

OH!: ¿Y cómo se garantizaría una adecuada organización de ese sistema para evitar deformaciones o manipulaciones?

Habría que sustentarlo en pilares fundamentales: primero, el mejor sistema de designación de jueces, que no es el político. O sea hay que lograr que las instancias más representativas de la sociedad civil y del Estado confluyan en una interacción positiva de energías para designar por concurso público de méritos a los jueces del país. Por eso planteamos el tribunal de méritos y castigos para que los notables que lo compongan se encarguen de designar a fiscales y jueces, y también de castigarlos cuando no cumplan bien su trabajo.

Ahí tenemos una designación que estaría descontaminada de la influencia hegemónica de los partidos políticos. Luego, tendríamos garantía de inamovilidad porque cuando cometiesen delitos estos jueces o fiscales los destituiría este mismo tribunal de notables. No los destituiría una asamblea política haciendo el papelón que se hizo en el caso Cusi y de otras magistradas, fue una señal de intimidación para que los jueces no ejerzan su función independientemente.

Tendríamos además buenas remuneraciones y habría un presupuesto, constitucionalmente garantizado, para el sistema de justicia, como sucede en muchos países. Sería una asignación automática porque desde la fundación de la república hasta hoy el virrey de Hacienda es quien tiene de rodillas a los jueces para mejorarles y desembolsarles su presupuesto. Esa autonomía financiera permitiría que el sistema judicial deje de ser la Cenicienta y que con ese presupuesto se establezcan tantas casas de justicia como se necesiten y se creen los ítems que hagan falta.

 

OH!: En ese sistema horizontal, sin jerarquías, ¿qué pasaría con los altos tribunales que hay en Sucre?

Se mantendrían, pero no por ser la cabeza del sistema de justicia, sino por la especialidad que tienen a nivel nacional. Al estar organizada la justicia territorialmente por especialidades, en Sucre tendrían los tribunales nacionales por especialidades, no por jerarquías.

 

OH!: Por ahora, se mantiene la modalidad de elecciones judiciales. ¿Cuánto cree que podría mejorar el sistema de justicia en el supuesto de que esas elecciones se realicen de la mejor manera posible?

Si estuvieran bien realizadas, algo para lo que no están bien encaminadas, se podría mejorar por lo menos un 30 por ciento. Esto porque no están dadas las condiciones de fondo para poder organizar el sistema con el que soñamos y queremos. Condiciones que son las que ya le he citado.

Pero, si por lo menos se eligieran buenos operadores ahora, se podría superar hasta un 30 por ciento la situación caótica y desastrosa en la que está el sistema de justicia.

Para eso se requerirán operadores judiciales que respondan a la agenda de justicia de Bolivia y no a la agenda política del MAS, el Gobierno y el Presidente.

 

OH!: ¿Cuál es la agenda política que usted considera tiene el Gobierno para los jueces?

Entre sus intereses está garantizar la inconstitucional postulación del Presidente el año 2019 y continuar con la criminalización de la vida política en el país especialmente contra los opositores que puedan restarle votos al MAS el 2019. También se busca aumentar una nueva forma de criminalización del derecho a la huelga y la protesta, bajo una forma encubierta de acciones populares.

Mañana, cuando el soberano vote en las urnas decisiones que vayan contra los intereses de perpetuación y concentración de poder del actual mandatario, ocurrirá lo mismo que en Venezuela. Habrá jueces que no tendrán el menor empacho en escamotear la voluntad popular. En esto el mayor problema que enfrentamos es que al MAS no le interesa resolver los problemas de justicia que tenemos en el país, sino que quiere usar a los jueces para resolver sus problemas políticos.

 

OH!: ¿Qué propone para que las elecciones judiciales tengan más garantías y lleguen a un mejor resultado?

Presenté oficialmente una a la ALP, a través de la diputada Norma Piérola. No fue ni siquiera debatida cuando se discutieron los cambios a la Ley del Tribunal Constitucional. Ahí planteo que en el primer momento de preselección de candidatos se establezca un tribunal de méritos conformado por 13 notables designados, ocho por instancias representativas de la sociedad civil y cinco por las instancias del Estado. Ahí elegirían notables el Colegio de Abogados, los rectores de las universidades públicas y privadas, las asambleas nacionales y departamentales de periodistas, la Central Obrera Boliviana, las confederaciones indígenas y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Por parte del Estado, designarían notables el Presidente, los gobernadores, los alcaldes de ciudades intermedias, los alcaldes de ciudades capitales y el quinto notable por el Defensor del Pueblo.

En ese escenario, se entraría en una sana competencia de designación de notables. Cada instancia apostaría por representantes de prestigio. Una vez designados, estos 13 notables llevarían a cabo el concurso de méritos, irían a evaluar currículums, trayectoria, desempeño profesional de los candidatos que se presenten. Luego, elevarían listas a la ALP. Esto animaría a profesionales de alto prestigio a entrar al proceso. Porque los profesionales de alto prestigio hoy saben que si entran a la trituradora azul, sin esta garantía previa, les irá mal. Por eso este tribunal de méritos habría garantizado una amplia concurrencia de postulantes que es lo que está faltando ahora.

A ello se sumaba en la propuesta una regla de oro: si los votos nulos o blancos superan a los votos válidos, se anulan las elecciones, y se debe hacer una nueva. Eso indicaría que el tribunal de méritos y la Asamblea Legislativa no hicieron bien su trabajo y el soberano lo rechazó. El voto castigo obligaría presentar buenos candidatos y el soberano tendría la sartén por el mango.                    

 

OH!: Entiendo que planteó luego otra propuesta más simple.

Sí, ya que no se aceptaba una fórmula que garantice una buena selección, entonces pedí que, por lo menos, se ofrezca dos opciones de voto en las urnas: la del MAS y la que haga la oposición. Ya que no quieren dejar que la sociedad civil tenga el sartén por el mango, entonces por lo menos que entre ellos compitan en la ALP para buscar a los mejores abogados.

Ante esa propuesta en el Movimiento Al Socialismo dijeron que yo estaba planteando el famoso y nefasto cuoteo. Pero yo estoy pidiendo que, por lo menos nos permitan ir a votar para elegir entre “A” o “B” porque ahora nos están forzando a votar por “A” o por “A”. Yo les dije que, incluso, si el MAS elegía a los mejores abogados, yo votaría públicamente por ellos. Les daba la opción a sorprendernos.

 

OH!: En ese escenario, ¿cuál cree que podría ser la señal de rechazo ciudadano ante la imposición forzada del voto?

Se va a convertir en una especie de plebiscito donde una de las grandes opciones de defensa del respeto a sí mismo del votante será el voto nulo. Por ello, y como una propuesta más para salvaguardar la dignidad y el valor del soberano en las urnas, planteo que se sume en la papeleta de votación la casilla del “ninguno” como voto válido. Esto porque la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que el voto blanco y nulo no se computa.

 

Perfil

Carlos Alarcón Mondonio

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Carlos Alarcón Mondonio
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Carlos Alarcón Mondonio fue viceministro de Justicia durante el Gobierno de Carlos Mesa, es catedrático universitario y experto constitucionalista y penal.

 

 

 

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