Gobierno asegura que microempresas no están incluidas en la ley de empresas sociales

LA PAZ |

 

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera aseguró la víspera que las pequeñas y micro empresas no están consideradas en la ley de empresas sociales, por lo que en caso de quebrar y cerrar definitivamente no son candidatas para pasar a manos de los trabajadores.

 

La autoridad dijo que la Ley solo afecta a la mediana y gran empresa que haya cerrado definitivamente, además que la decisión final la tiene un juez y no un decreto gubernamental.

 

"Expresamente está en la ley que no pueden ser afectados el pequeño, el microempresario, expresamente; es una ley que no los toca, están al margen de ello. Algún día podría afectar a una empresa mediana o grande que funcionó y ya no es viable, que el empresario se dio a la fuga y ya no le interesa más la empresa", manifestó el mandatario en entrevista con la Red UNO.

 

García destacó que existen muchos "candados" para garantizar el derecho propietario de los empresarios, tanto es así que quien definirá que la empresa pasa a manos de los trabajadores para ser revitalizada es un juez. "No se le quita la empresa a nadie", remarcó.

 

"Es una ley que dice a esta empresa cerrada, quebrada ¿los trabajadores pueden optar a ponerla en funcionamiento? Sí, pero no la empresa que está en funcionamiento ahorita, o la que tiene problemas económicos, no, a esas se las sigue apoyando para que vayan adelante; pero, una empresa que haga lo que uno haga, fundió bielas, quebró, cerró ¿puede ser revitalizada por el esfuerzo de los trabajadores? Sí, esa es la Ley de empresas sociales", apuntó.

 

Ante la promulgación de la ley de empresas sociales, el 1 de mayo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque, según dijeron, la norma confisca la propiedad privada y vulnera el derecho a la libre empresa.

 

García dijo que los empresarios reaccionan así ante la ley por susceptibilidad, porque tienen temor de que sea mal utilizada.

 

"Se ha colocado un conjunto de candados, incluso llegan hasta un juez, no es el gobierno mediante decreto, es un juez el que al final de haber certificado que la empresa no funciona, que está cerrada, el juez da la última palabra", apuntó.