Reclaman trabajar en seguridad alimentaria
La Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, promulgada en junio de 2011, tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria, pero el Estado no está cumpliendo con la tarea de establecer las bases, políticas y mecanismos para alcanzarla, por lo que existe la posibilidad de una crisis alimentaria en los próximos años, advierten productores y especialistas.
La acción más relevante asumida hasta la fecha por el Gobierno, orientada al impulso de la producción agrícola, es la cumbre del agro de Santa Cruz, en 2015; sin embargo, la agenda para traducirla en acciones tiene poco avance y los decretos aprobados no resuelven el problema estructural.
Recientemente, el Gobierno promulgó 12 decretos para contrarrestar los efectos de la sequía, entre los que figuran recursos para la perforación de pozos, entrega de sillas y otros, pero representantes de los sectores productivos los califican como medidas paliativas que no resuelven problemas estructurales.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, sostiene que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales, sobre todo Santa Cruz, deberían diseñar y plantear un programa de reactivación del agro boliviano que, en su criterio, no ha sido tratado de manera integral.
Colque coincide con los representantes de sectores productivos en que los 12 decretos promulgados el pasado 2 de agosto no resuelven los temas estructurales del sector, lo que puede “llevarnos a una crisis alimentaria en los próximos años”.
Por su parte, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, considera que si el Gobierno pretende consumar la soberanía alimentaria y sentar un “antes y un después” en la historia de Bolivia debe dar vía libre a la utilización de la biotecnología, además de garantizar la seguridad jurídica, el seguro agrícola, créditos blandos para el sector y una infraestructura y logística adecuada.
“El Estado tiene que balancear sus políticas, tiene que ser contracíclico. En momentos de precios altos (debe) pensar más en el ciudadano, en momentos de precios bajos tiene que ayudar al sector agropecuario”, agrega.
Según Colque, el 70 por ciento de las tierras agrícolas en el país está dedicado a la producción de materia prima agrícola destinada a la exportación, como la soya. Además, asegura, no se ha priorizado la producción propia y el país requiere cada vez más de la importación de granos.
“Entonces, si se mantiene esta tendencia, nuestra dependencia de la importación va a ser cada vez mayor y nuestra estructura agraria va a estar orientada más a la exportación que a la producción de alimentos para el mercado nacional”, dice Colque, a tiempo de señalar que otra preocupación en el sector es la pérdida del rol económico de sectores campesinos e indígenas, algo que no ocurría en la primera gestión del presidente Evo Morales.
Sobre las acciones del Estado, el expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, considera que los 12 decretos con los que el Gobierno pretende reactivar el agro son como “una aspirina para un enfermo que necesita terapia”, ya que, ante la situación de emergencia, es necesario elaborar otro tipo de proyectos con mayor inversión, tiempo y estudios.
Para la expresidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Salomé Tupa, hay un doble discurso de parte de las autoridades gubernamentales porque no se autoriza la utilización de la biotecnología, pero el maíz que se importa desde Argentina es transgénico.
Además, Tupa considera que la soberanía alimentaria de la que habla el Gobierno sólo queda en discurso.
“Lo que está haciendo el Gobierno no es (trabajar para lograr) seguridad alimentaria, lo que está haciendo es importar con tal de subsanar los efectos de los factores climáticos”, señala.
FALTA PREVENCIÓN
El expresidente de Anapo, Demetrio Pérez lamenta que los representantes del sector agropecuario hubieran limitado sus peticiones de ayuda al Gobierno nacional a aspectos como la liberación de las exportaciones de grano de soya, la ampliación de créditos y el acceso a la biotecnología, ya que es necesario también trabajar en proyectos de prevención como el reencauzamiento de ríos para contrarrestar los efectos del cambio climático.
“El Gobierno podría aprobar los últimos eventos transgénicos, pero si no hay humedad, ¿con qué se va a producir?”, cuestiona Pérez.
