Odebrecht: Comisión investigará presuntos sobornos desde la gestión de Mesa
LA PAZ |
La Comisión Especial investigará el caso Odebrecht desde la gestión 2004 del expresidente Carlos Mesa, porque existen documentos y convenios que demuestran que las empresas brasileñas que ingresaron estuvieron amarradas a un crédito de 600 millones de dólares en un convenio entre ese exmandatario el exjefe de Estado Ignacio Lula da Silva.
La información ha sido proporcionada por la diputada Susana Rivero. "Se han revisado reportes de prensa, decretos supremos, convenios marco y carta de intenciones en la que se puede establecer que el crédito estatal y la línea estatal de los 600 millones de dólares para carretera y petróleo (están) con nombre y apellido Robere y El Carmen, llegó con ese acuerdo de intenciones que suscribieron Lula y Carlos Mesa el 8 de julio", informó la legisladora.
Afirmó que ese 8 de julio llegó el expresidente brasileño a Bolivia para firmar con el entonces presidente Mesa el convenio de los 600 millones de dólares, crédito que estaba vinculado a las empresas de ese país y que "ahora son investigadas en el caso Lava Jato "llegaron amarradas", dijo.
Reiteró que la comisión creada por la Asamblea Legislativa investigará los "sobornos" y todas las relaciones y vinculaciones que se hubieran generado para acciones delictivas desde ese tiempo, es decir desde 2004.
Solicitarán información internamente y a entidades internacionales a través de la Procuraduría General del Estado y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el requerimiento de información será abierta.
En Bolivia pedirán documentación e información a los ministerios de Obras Públicas, Relaciones Exteriores, Hidrocarburos y Economía y Finanzas, además a la Unidad de Investigaciones Financieras y a la Procuraduría General del Estado.
Mientras que a la Procuraduría le pidieron que solicite información a Brasil y Estados Unidos sobre los juicios internacionales. "Que pida a Brasil y EEUU que nos adjunte o consiga información de sus juicios de todo lo que tenga que ver con Bolivia. No estamos señalando ningún nombre de nadie, ni de ninguna empresa", sostuvo.
Rechazó que el convenio entre el Legislativo, la Procuraduría y la UIF pretenda bloquear a la oposición en el acceso a la información, más bien dijo que se viabilizará, toda vez que los requerimientos internacionales son a través de los mecanismos formales porque de lo contrario no se proporcionarían.
