El clan Fujimori, de gobernar Perú a caer juzgado por corrupción
La lideresa del principal partido de oposición derechista de Perú ha sido arrestada por aceptar presuntamente más de un millón de dólares en fondos ilegales de una compañía constructora brasileña, convirtiéndose en el último político latinoamericano que ha sido vinculado al mayor escándalo de corrupción en la historia de la región.
Keiko Fujimori fue detenida y esposada cuando se presentó el miércoles en la oficina del fiscal general para declarar sobre el caso, en el que se alegaba que había aceptado el dinero para su campaña electoral de 2011. La detención estaba prevista por 10 días mientras los fiscales consideran presentar cargos formales.
Keiko Fujimori proclamó su inocencia y culpó a sus enemigos políticos de su arresto. "La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país", dijo en una nota manuscrita publicada en Twitter.
Su detención ocurrió una semana después de que un tribunal ordenó que su padre Alberto Fujimori, presidente del país de 1990 a 2000, regresara a la cárcel para completar el resto de las sentencias concurrentes por violaciones de los derechos humanos y corrupción.
El entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski indultó al expresidente Fujimori por fines humanitarios a fines del año pasado. Fue puesto en libertad, pero la semana pasada la Corte Suprema anuló esa decisión.
Ya con 80 años de edad, Fujimori está recibiendo tratamiento por problemas cardíacos en una clínica de Lima a la espera de su regreso a la cárcel. Publicó un video en Twitter desde su cama en el hospital hace una semana, suplicando al presidente Martín Vizcarra y al poder judicial peruano que le permitieran quedarse en casa.
"Por favor, no me maten. Si regreso a prisión mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo", dijo.
Estos sucesos representan un cambio drástico en la suerte de la familia Fujimori, la cual ha dominado la política peruana desde que Alberto Fujimori llegó al poder hace más de 25 años. Keiko estuvo dos veces a punto de ganar la presidencia y es la lideresa del partido más grande en el Congreso.
Pero las acusaciones de corrupción han enfurecido a muchos peruanos y la popularidad de Keiko ha caído en picada. Una encuesta de Ipsos publicada el mes pasado le daba un índice de aprobación de sólo 13 por ciento, contra 45 por ciento de Vizcarra, quien ha convertido la lucha contra la corrupción en la piedra angular de su presidencia.
La decreciente popularidad de Fujimori se puso de manifiesto el fin de semana pasado cuando su partido resultó muy afectado en las elecciones municipales.
El escándalo de corrupción de Odebrecht salió a la luz pública en 2016, cuando la compañía constructora brasileña admitió haber sobornado a funcionarios en una docena de países. Ha tenido un mayor impacto en Perú que en cualquier país de América Latina aparte de Brasil. En marzo, Kuczynski renunció a la presidencia cuando el congreso amenazó con destituirlo por los vínculos con Odebrecht que no había declarado.
Otros tres expresidentes peruanos (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala) también están siendo investigados por presunta corrupción. Los fiscales están tratando de extraditar a Toledo de Estados Unidos, mientras que Humala está a la espera de un juicio después de haber pasado gran parte de este año bajo custodia.
Vizcarra llamó a un referendo para el 9 de diciembre con el fin de aprobar una serie de reformas a los sistema político y judicial que están diseñadas para erradicar la corrupción.
Aunque Keiko dice que es víctima de persecución por motivos políticos, los fiscales peruanos han procesado a políticos de todo el espectro.
El juez que ordenó su detención es el mismo que puso a Humala en prisión (una decisión que Keiko aplaudió en ese momento) y ordenó la extradición de Toledo.
(Del otro lado está Kenji Fujimori, también hijo del expresidente, investigado por cohecho y presunto tráfico de influencias en el Congreso. Nota de Redacción LT).