Crisis política y económica lleva a Nicaragua a seguir a Venezuela
Según datos los últimos datos económicos de prestigiosas instituciones económicas de Nicaragua y de América Latina, el país centroamericano podría convertirse en “una segunda Venezuela” por la crisis política social que impera tras casi nueve meses de manifestaciones y una brutal represión gubernamental.
La crisis política ha golpeado con dureza la economía a Nicaragua, que crecía a un ritmo anual del 4,9 por ciento, uno de los mayores crecimientos de la región.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) indicó que 417 mil personas fueron despedidas o suspendidas de sus empleos, de las cuales 127 mil se encuentran sin fuentes de trabajo.
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que para 2019 la economía nicaragüense tendrá el segundo peor desempeño de América Latina, con un decrecimiento de 2 por ciento.
El presidente Daniel Ortega mantuvo durante una década una relación estrecha con las cúpulas empresariales, en lo que era denominado como el “modelo de consenso”: las decisiones en temas macroeconómicos se tomaban entre los asesores económicos del mandatario y los representantes de los empresarios.
Esa alianza económica con las cúpulas empresariales permitió a Ortega galopar la crisis económica internacional que golpeó al mundo en 2009. El mandatario ofreció apertura para hacer negocios, facilidades para los inversores, rebajas de impuestos, mientras mantenía controlados los sindicatos, que prácticamente aceptaban las normas del mandatario. Nicaragua, además, no contaba con los niveles de violencia de sus vecinos Honduras o El Salvador, lo que lo hacía más atractivo.
El país mantuvo una década de estabilidad. Ortega gobernó con los buenos precios internacionales de los productos de exportación (café, oro, carne, entre otros), el apoyo de los organismos financieros internacionales, la ayuda petrolera de Venezuela y la confianza de los inversores extranjeros.
Los empresarios, contentos con el buen rendimiento de la economía, se mantenían al margen de la deriva autoritaria de Ortega.
Esa burbuja de crecimiento estalló en abril, cuando el sandinista impuso una reforma la Seguridad Social sin consenso con los empresarios, reseñó el diario español El País.
La revista Confidencial de Managua informó a inicios de diciembre que los bancos estadounidenses Wells Fargo y Bank of America rompían relaciones con los bancos nicaragüenses debido al aumento del “riesgo país” de Nicaragua, la cooperación venezolana se desplomó de 563,8 millones de dólares en 2011 a 30,9 millones en 2017, la fuga de capitales podría superar los mil millones de dólares, la inversión extranjera prácticamente es nula y EEUU ha impuesto sanciones al Gobierno de Ortega por la violación a los derechos humanos, lo que contribuye a espantar a los inversionistas.
Además, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió discutir la expulsión de Nicaragua, lo que tendría severas consecuencias económicas para el país.
El 18 de abril estallaron las protestas en todo el país y aunque Ortega derogó la reforma de Seguridad Socila días después, la gente ya exigía el fin de 11 años del Gobierno.
El mandatario recrudeció la represión, al ordenar el ataque con armas de fuego contra los manifestantes.
325 víctimas fatales es el saldo que dejaron las protestas que se iniciaron el pasado 18 de abril.
APLICACIÓN DE LA CARTA DEMOCRÁTICA
El 11 de enero, la Organización de Estados Americanos (OEA) inició la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua que puede desembocar en la suspensión del país de este organismo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que “la crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Según Almagro, “en democracia no puede existir represión ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos y civiles”.
“NICAS” A FAVOR DE ADELANTAR COMICIOS
Un sondeo de la empresa CID-Gallup publicada la semana pasada por El Nuevo Diario indicó que un 54 por ciento de los nicaragüenses se pronunció a favor de adelantar los comicios, mientras 36 por ciento prefiere que se mantenga la fecha de 2021.
Un 49 por ciento se declaró a favor de la renuncia de Ortega y de su esposa Murillo, contra un 39 por ciento que apoya su permanencia en el poder.
La consulta se hizo del 4 al 10 de enero entre 1.189 personas, con un margen de error de 2,8 por ciento.
RENUNCIA DE MAGISTRADO, DURO GOLPE PARA ORTEGA
La segunda semana de enero, Daniel Ortega recibió un golpe duro al perder a su principal operador político Rafael Solís, magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, hombre clave que acomodó la Constitución para que el mandatario pudiera atrincherarse en el poder.
En su carta de renuncia, Solís anunció al Presidente nicaragüense que renunciaba a su afiliación al Frente Sandinista y acusó a Ortega de desatar un “Estado de terror” e imponer una “dictadura monárquica” en ese país que cumplirá nueve meses de una profunda crisis política que ha dejado más de 325 muertos y ha hundido su economía.
“Siempre creí que la sensatez y la cordura se podían imponer en ustedes”, escribió Solís refiriéndose a Ortega y su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo.
El jurista les echó en cara el hecho de no haber cedido a una negociación política que permitiera adelantar las elecciones y pactar una salida pacífica a la crisis.
Solís era una de las voces más pragmáticas dentro del círculo cercano a Ortega, quien aconsejaba al mandatario sobre asuntos legales y políticos. Con todo, es también uno de los principales autores del descalabro institucional en Nicaragua, cómplice en los desmanes cometidos desde el poder.
Datos: Agencias e Internet
ANÁLISIS
Kevin Zeese. Codirector Popular Resistance de EEUU
Una guerra de clases patas arriba
Es importante comprender la naturaleza de los golpes estadounidenses y oligárquicos en esta era, el papel de los medios y el engaño de las ONG porque se repite en varios países de América Latina.
Los ricos en Nicaragua han buscado el retorno del Gobierno aliado de EEUU desde que los sandinistas subieron al poder. Nicaragua es una guerra de clases patas arriba. El Gobierno ha elevado los niveles de vida de la mayoría empobrecida a través de la redistribución de la riqueza. Los oligarcas y EEUU, incapaces de instalar el neoliberalismo a través de las elecciones, crearon una crisis política, destacada por la cobertura falsa de los medios para obligar a Daniel Ortega a renunciar. El golpe está fallando, la verdad está saliendo, y no debe ser olvidada.
