Juan Carlos Peláez Villalobos: “Los indígenas guatemaltecos sufren el expolio total de sus territorios”
En Guatemala, las comunidades y pueblos originarios son los que cuidan y conservan la naturaleza, sin embargo sufren “el expolio de sus bienes y recursos”, denuncia el abogado guatemalteco Juan Carlos Peláez Villalobos, quien ha participado en un encuentro en España.
Peláez Villalobos es abogado defensor de los derechos indígenas en Guatemala y ha participado en el foro virtual “Expolio y derecho al refugio”, organizado por la Red Acampa de Galicia (noroeste de España) y en el que han participado también el doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Pablo José Martínez Osés, profesor asociado en la Universidad Autónoma y en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del colectivo “La Mundial”.
El foro se enmarca en el IV Encuentro Internacional Acampa por la Paz y Derecho al Refugio.
A la situación de expolio se suma la devastación dejada por los huracanes Eta e Iota a su paso por el Caribe y Centroamérica, que han dejado casi dos centenares de muertos, desaparecidos, millones de damnificados y millonarias pérdidas en infraestructuras que han afectado a territorios de comunidades indígenas quienes llevan años denunciando los perjuicios de la construcción de hidroeléctricas y que han coadyuvado a la destrucción dejada por los fenómenos meteorológicos.
P: Los indígenas de los pueblos Mayas-Qéqchi’ llevan denunciando desde hace mucho tiempo cómo el expolio de sus territorios para la construcción de hidroeléctricas destruye su entorno y la biodiversidad de la que ellos son guardianes y les priva de un recurso elemental como el agua. Eso ha quedado patente tras el paso de los últimos huracanes. ¿Es una situación por la que se puede denunciar a las empresas constructoras de esas macroobras?
R: La responsabilidad de los daños causados por las concesiones de las grandes obras hidroeléctricas en Guatemala debería poder demandarse; sin embargo, la cooptación de instituciones públicas y privadas de parte del gran capital haría inviable dicha acción y arreciaría la criminalización de los líderes. En Guatemala no se podría judicializar un caso de dicha naturaleza. Por eso es por lo que los casos que han tenido éxito han sido los planteados en las Cortes de los países de origen de dichas empresas que directa o indirectamente participan en el expolio o despojo.
P: Los pueblos indígenas han denunciado que no fueron consultados de forma previa a la realización de esas hidroeléctricas. ¿La legislación de Guatemala contempla alguna sanción para las empresas que incumplen esos mandatos recogidos en las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los derechos de los pueblos indígenas?
R: No, en Guatemala no existe una ley específica de los Pueblos Indígenas, aunque la Constitución promulgada en 1985, en el artículo 70, menciona que habrá una ley específica de Pueblos Indígenas. Pero previo a la ratificación y vigencia del Convenio 169 de la OIT no existe ley que proteja los desmanes del Estado de Guatemala que en connivencia con los empresarios violentan e irrespetan los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
P: ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en Guatemala ante esta situación de indefensión respecto a las grandes empresas y multinacionales que llegan a desarrollar actividades empresariales en el país?
R: Pobreza, desnutrición, desarraigo, criminalización de liderazgos comunitarios, explotación, asesinatos, un medio ambiente devastado. Pero la culpa la tiene el poder político cooptado por el crimen organizado y una sección de empresarios guatemaltecos que ven grandes posibilidades de crecimiento económico a costa de la violación sistemática de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas.
P: No obstante, existen también otras actividades agroindustriales o las exploraciones de petróleo que perjudican a los pueblos indígenas. ¿Cuál es la situación actual en Guatemala al respecto?
R: En Guatemala se ha dividido el énfasis del expolio territorialmente: algunos sectores apuestan por el recurso hídrico en tierra alta (que es de mayor presencia indígena) allí apuestan a las hidroeléctricas; en la tierra baja se encuentran las actividades agroindustriales (azúcar, banano, palma aceitera, ganado); en el territorio que oscila del altiplano a la costa tenemos todavía el cultivo del café y cardamomo.
En cuanto al petróleo, el área afectada es en el norte del país, sobre todo en el territorio de El Petén, donde supuestamente están declaradas Áreas Protegidas. Tenemos en sí que contar a las áreas protegidas, las cuales al ser declaradas legalmente no consideraron la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, esto significó que bajo el pretexto de la existencia de un área protegida los pueblos indígenas han sufrido expolio de sus territorios y recursos en favor de las entidades públicas o privadas que administran y regentan dichos parques.
P: Francia y algunos países europeos han pedido no firmar el tratado económico con el Mercosur por las consecuencias ambientales y para la sostenibilidad que suponen los agrocultivos que se desarrollan en países de esa zona del sur de Latinoamérica. ¿Cree que se debe revisar los tratados comerciales con países donde se producen esas desigualdades y perjuicios para los pueblos nativos?
R: Sí, así debería hacerse. Sobre todo en Guatemala donde un 70% de la población es indígena y son los menos beneficiados de estos tratados.
NO LLEGAN LAS AYUDAS
Guatemala hasta la fecha no recibe ningún beneficio de REDD MAS Y PLUS de la ONU y del Banco Mundial (BM) y los bonos verdes. No se recibe nada al respecto, salvo aportes pequeños de donantes. Sin embargo, esto vendrá a significar un aporte que recibirá el Estado o sus entidades afines de índole pública o privada y no redundará ni será recibida por las comunidades o pueblos.
