Cambiar todo para no cambiar nada

Se cambió la Constitución Política del Estado para poder elegir magistrados en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura, en suma en toda la estructura del Órgano Judicial. El año 2011, se aprobó la ley que viabilizaba la elección de sus autoridades. En aquel momento trataban de vendernos la historia de que al cambiar la manera de elegir a los miembros del Órgano Judicial todo cambiaría: la retardación de justicia, la corrupción, la mora judicial, la calidad de los jueces, etc. Han pasado seis años y nada cambió. 

Según el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por cada 80 mil habitantes, en la capital, se cuenta con un solo juez y por cada 37 mil habitantes, en la zona rural, hay un solo juez. En otros países, como Costa Rica, hay 24 jueces por cada 100 mil habitantes, en Chile 17 jueces por cada 100 mil habitantes. Por otra parte, según la cifra de la base de datos del Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA) se puede determinar que por cada 100 mil habitantes existen alrededor de 2.500 casos de litigiosidad en Bolivia. A pesar de ser menor la tasa de litigiosidad en comparación de otros países, en Bolivia también se puede observar que las cargas procesales, es decir los casos “por resolver”, pasando los años van incrementando en relación a los del año transcurrido.

Según la base de datos del Consejo de la Magistratura se tiene el siguiente fenómeno: si se divide la cantidad de casos pendientes de resolución entre la cantidad de jueces existentes, nos da un ratio de 368 causas por juez; asumiendo que cada caso en promedio se resuelva una en un mes, lo que es prácticamente imposible, se requieren 30 años para atender las causas acumuladas, sin considerar las causas que ingresan todos los años. Como si esto fuera poco, el 50 por ciento de los bolivianos no pueden acceder a conocer sus derechos porque no pueden pagar por un abogado. Una realidad que se puede percibir claramente de los datos que arrojan los informes del índice de la pobreza en Bolivia, sin dejar de mencionar la ausencia del Estado en muchas zonas del territorio nacional. A lo que debemos agregar un presupuesto cuando menos deficiente de parte del Estado para una atención adecuada, infraestructura, generación de nuevos juzgados.

Estos datos demuestran la ineficiencia en el Órgano Judicial del país. Este drama parece que no se podrá resolver a corto plazo, ya que ni el Gobierno ni la oposición tienen interés y mucho menos un plan concreto para resolver esta situación. Hoy en día, el debate está centrado, lamentablemente, en que si hay o no hay candidatos en la nueva elección de las autoridades del Órgano Judicial o si se amplían los plazos pretendiendo que en esas medidas está la solución, distrayendo la atención de la verdadera causa. Como se pudo analizar en este artículo las reflexiones son obvias y este 22 de octubre se hará una reelección de magistrados y asumimos que algo cambiará “de nuevo”.

El autor es abogado