Crisis en las alcaldías vallunas
Las denuncias de corrupción, incapacidad de gestión y problemas en la alternancia política golpean a municipios cochabambinos y el futuro, lejos de entrever soluciones, muestra un panorama, por lo menos, desalentador.
Sipe Sipe, Sacaba, Quillacollo y Vinto son las alcaldías en problemas, además de la de Cercado que busca salir adelante luego del escándalo por el caso de las mochilas y otros que se están investigando.
Por donde se mire, al menos en los municipios del eje de conurbación, hay líos. En Sipe Sipe se acusa a la alcaldesa María Heredia (MAS) de no hacer gestión y de perder presupuesto millonario. Luego de una serie de protestas, un acuerdo para que la Contraloría practique una auditoría trajo calma. Habrá que ver por cuánto tiempo.
En Sacaba, las protestas ante un presunto caso de desfalco millonario dejaron decenas de arrestados y derivaron en un compromiso de investigar lo sucedido. En Vinto las dificultades vinieron de la mano política, ya que sectores exigieron la aplicación de la alternancia para ocupar la silla edil. Sin embargo, luego se develó una serie de presuntas irregularidades.
Y en Quillacollo, si bien este martes el Concejo Municipal determinó abrogar una resolución que suspendía del cargo al alcalde suplente Antonio Montaño (lo que muestra que el MAS avala la continuidad de esta autoridad, vaya a saber a qué costo), nada asegura que la calma esté garantizada. En este municipio ya fueron reemplazados dos alcaldes acusados por malos manejos: Eduardo Mérida y Zacarías Jayta y Montaño podría haber sido el tercero.
En Cercado, en estos días se cumple un año del caso que derivó en que el exalcalde José María Leyes se encuentre en el penal de San Antonio. Las denuncias de sobreprecio de las mochilas escolares destaparon una serie de acusaciones de irregularidades dentro de la Comuna cochabambina.
Ante todo este panorama, las autoridades están obligadas a encontrar mecanismos para poner fin a los problemas y dilucidar las denuncias de corrupción e irregularidades para el bien de todos. Por eso urge que organismos como la Contraloría, Transparencia y Fiscalía tomen cartas reales en el asunto. No se debe esperar nuevos estallidos y desbordes sociales.
Mientras tanto, los verdaderos perjudicados no son los políticos de turno que están en la mira, sino los miles de vecinos que ven perjudicados sus trámites, autorizaciones y otros menesteres.
