Coronavirus y agio
Existen personas inescrupulosas que pudiesen alzar o bajar el precio de las mercaderías y productos en farmacias y supermercados en nuestro país aprovechándose de la pandemia denominada coronavirus (Organización Mundial de la Salud).
Esta actitud se encuentra tipificada en el Art. 226 de Código Penal Boliviano, que de manera textual sostiene: “El que procurare alzar o bajar el precio de las mercancías, salarios o valores negociables en el mercado o en la bolsa, mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o cualquier otro artificio fraudulento, incurrirá en privación de libertad de seis meses a tres años, agravándose en un tercio si se produjere cualquiera de estos efectos. Será sancionado con la misma pena, el que acaparare u ocultare mercancías provocando artificialmente la elevación de precios”.
La obligación del Estado ante el miedo que genera la aparición del coronavirus en nuestro país es adelantarse a la posible discontinuidad en el ritmo natural de los múltiples movimientos que podría generar el agio, podría generar un estado “patológico” dentro de la economía de la población en general.
El Estado debe suprimir las causas determinantes mediante medidas “contragiotistas”. Por ejemplo, si operase el acaparamiento del alcohol en gel el Estado debe ocuparse de asegurar intensificar la producción, o lanzar al mercado otro artículo sustitutivo, de la misma manera con los barbijos y otros productos que pudiesen ser necesarios para evitar la expansión del coronavirus y evitar el accionar típico antijurídico y culpable del agio.
El derecho, como ciencia, estudia y analiza causalmente la noción de lo lícito y las formas de asegurar su imperio frente a los hechos y actos que conspiren en su contra. Es así que el Art. 18 - I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia ordena que es obligación del Estado velar por la salud de toda la población y una manera de velar este bien jurídico protegido es evitar la especulación de productos que se hacen sumamente necesarios en este tiempo de posibles contagios de coronavirus.
Abogado