Seis semanas y una arriesgada declaración de independencia
Seis semanas es el plazo por el cual el Tribunal Supremo Electoral ha pospuesto la realización de las elecciones nacionales en Bolivia, del 6 de septiembre al 18 de octubre de este año. No es una suspensión indefinida, ni son 7 u 8 o 9 y media semanas (que sabemos que es un período crítico), sino 6, o 42 días.
El cambio de fecha de las elecciones puede entenderse como una declaración de independencia del TSE, en un momento de altísima presión sobre esta institución. Frente a las presiones del oficialismo y de otras fuerzas políticas por suspender la realización de las elecciones hasta después de la pandemia, frente al MAS que exige elecciones inmediatas a como dé lugar, y escuchando los miedos de una buena parte de la sociedad por ir a votar en el pico mismo de contagios, el Tribunal ha decidido ejercer su autoridad y con una decisión salomónica ha buscado un “justo medio”, fijando una fecha que parece razonable para las elecciones y no responde a los intereses particulares de ningún frente político.
Pese a la brevedad de esta suspensión, el MAS ha echado el grito al cielo y ha declarado la guerra al TSE, al que acusa de servil al Gobierno y sus “intereses prorroguistas”. Si bien sus principales candidatos se muestran algo más cautos, no son pocos los dirigentes de este partido y de sus organizaciones afiliadas que acusan a los vocales del Tribunal, y en particular a su presidente, de favoritismo por el Gobierno y de incapacidad de administrar un proceso electoral justo e imparcial. Por más infundadas que sean estas acusaciones, siembran duda sobre la credibilidad del árbitro y ponen en juicio la legitimidad misma de las elecciones.
Es claro que las protestas del MAS, con bloqueo de caminos y movilizaciones sociales en plena pandemia, no pueden explicarse solamente por las seis semanas de postergación del calendario electoral, sino que hay otras razones por detrás. Una tiene que ver con el Tribunal Electoral que, salvo algún momento excepcional, venía adoptando desde hace años una estrategia de decisiones concertadas con los partidos políticos en la cual el peso de cada uno era más o menos proporcional a su votación (y por tanto tenía al MAS como interlocutor principal).
El TSE toma la decisión de cambiar la fecha de las elecciones sin un acuerdo con los partidos y sin consultar con el MAS, que se había acostumbrado a ejercer, en los hechos, un poder de veto. Las movilizaciones, entonces, tienen que ver con la osadía del TSE de decidir de manera autónoma, lo que es preocupante para el MAS en un momento en que se cursan demandas de suspensión de su personería jurídica, en aplicación de una aberrante ley aprobada (y aplicada) durante el Gobierno de ese partido.
Pero el MAS también tiene la necesidad de convencerse a sí mismo y al país de que todavía puede orquestar una movilización social importante. Sus 14 años de gobierno burocratizaron a sus cuadros partidarios y mudaron su naturaleza de coalición antisistémica a partido estatal, oxidando y anquilosando al menos en parte su maquinaria de movilización social.
El éxito de la movilización social de las clases medias urbanas en octubre y noviembre de 2019 le habían quitado el protagonismo callejero que ahora quiere retomar. Aunque la estrategia le reste apoyo electoral entre los sectores urbanos, el MAS se moviliza para intentar recordarnos a todos, incluidos ellos mismos, que aún tienen y pueden usar la fuerza en las calles cuando la necesiten.
En la vereda del frente, el Gobierno de Áñez sigue mostrando una actitud ambigua hacia el proceso electoral. Mientras que en foros internacionales la Presidenta candidata se declara como garante de una elección limpia y de la reconducción del proceso democrático, en el país sus ministros y sus aliados presionan al TSE demandando la postergación indefinida de unas elecciones en las que tienen cada vez menos opciones de ganar, empleando la crisis sanitaria como muletilla y responsabilizando al TSE de la misma.
Con un comportamiento cada vez más errático, distintos miembros del ejecutivo se las toman contra el Órgano Electoral y cuestionan su integridad y las decisiones que toma. El socavamiento de la credibilidad y la confianza ciudadana en la única institución que es capaz de producir una transición pacífica en Bolivia no se da sólo desde la oposición masista, sino también desde el mismo Gobierno de transición.
Las consecuencias de la declaración de mayoría de edad que ha hecho el Tribunal Electoral son gigantes. Crea fricciones con otros poderes del Estado y con actores políticos acostumbrados a actuar según su capricho, y para salir airoso requiere que esos mismos actores reconozcan su autoridad, sin ninguna ambigüedad, y refrenden su confianza. La declaración de independencia del Tribunal es una apuesta por todo o nada, en la que nada representa el escenario catastrófico del fracaso de la elección de octubre. Es el turno de los políticos de jugar sus cartas con la responsabilidad que requiere este momento único y tan delicado para la democracia boliviana.
El autor es sociólogo y politólogo
