La estrategia del conflicto
Lo ocurrido los días recién pasados en Santa Cruz, durante los actos de celebración de la efeméride cívica de ese departamento, evidencia el grado de tensión al que ha llegado el ambiente de conflicto y confrontación en el que, desde hace meses, se desarrolla la gestión del Estado y la acción del MAS.
En efecto, la sustitución de una bandera, la wiphala, por otra, la del patujú, en ese acto cívico, y la clausura abrupta de la ceremonia, por el gobernador cruceño que evitó así el discurso de circunstancia del presidente del Estado en ejercicio, reflejan la total ausencia de diálogo y concertación entre el oficialismo, por un lado, y la ciudadanía y la oposición, por el otro.
Ese clima de conflicto, que en el caso de la efeméride cruceña se vivió en un ambiente protocolar, se lo vive en La Paz en torno a la sede y al mercado de Adepcoca y en la intimidación judicial que se aplica sobre el alcalde de esa ciudad, y también en Cochabamba, donde el alcalde tuvo que “ponerse a buen recaudo” para evitar su aprehensión en un caso penal desempolvado después de casi una década, para regocijo de connotados masistas apresurados por defenestrarlo.
Y no solo en esos ámbitos. El ambiente de hostilidad y de imposición de la ley del más fuerte se lo vive también en la Asamblea Legislativa, donde la bancada oficialista — convertida en rodillo por la reforma al reglamento de debates aprobada por su predecesora, antes del cambio de gobierno— puede aprobar los proyectos de ley sin debate, y con la mayoría simple que posee. Y en la justicia, donde se manda a la cárcel a los perseguidos en el caso del fantasioso “golpe”, se niega la libertad a la expresidenta enferma y no se encara, con real voluntad, la reforma de un sistema corroído por la corrupción y sometido al poder político.
Lo mismo en la Chiquitanía y Guarayos, donde los afines al MAS avasallan tierras comunitarias agrediendo a los lugareños, violentando sus derechos en total impunidad. Y en Potosí, cuyo Cerro Rico está a punto de perder su cúspide porque decenas de cooperativas explotan minerales en total ilegalidad.
Uso desproporcionado de la fuerza para reprimir a los cocaleros no masistas mientras la Policía protege a sus agresores y arresta a un periodista, persecución judicial de opositores, condescendencia con avasalladores y mineros que infringen la ley, imposición de normas que vulneran derechos ciudadanos y constitucionales, como el secreto profesional, son algunas de las manifestaciones oficialistas del ejercicio de su poder sin límites institucionales.
Ese desdén por la concertación y el diálogo parece evidenciar que el conflicto es la esencia de la estrategia política y de gestión del MAS y del Gobierno. Las hipótesis acerca de sus fines son definitivamente inquietantes.
