Los fondos para la Renta Dignidad
A veces se suelen, en términos políticos, lanzar globos de ensayo antes de impulsar una medida o una norma; se miden las reacciones, para decidir si es o no conveniente tomar una decisión compleja que se presume que causará rechazo o cierta resistencia.
Eso es lo que ha sucedido en pasados días con la difusión extraoficial de un supuesto anteproyecto normativo que establecía una fuente adicional para el financiamiento de la Renta Dignidad. Como se sabe, este beneficio favorece a todos los bolivianos mayores de 60 años que no cuentan con una pensión o una remuneración que provenga del Tesoro General de la Nación. El mencionado proyecto normativo, que al final nunca fue oficializado, e inclusive desconocido por el Gobierno, planteaba descuentos a los trabajadores dependientes, independientes y consultores, según sus niveles de ingreso, que se destinarían a fortalecer el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que paga este beneficio actualmente a casi 1 millón 200 mil personas.
Según las normas que la han creado, la Renta Dignidad tiene tres fuentes de recursos: 1. el 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); 2. las utilidades de las empresas públicas nacionalizadas, y 3. desde marzo de este año, las ganancias de la Gestora Pública de la Seguridad Social.
El Gobierno ha agregado la tercera fuente de financiamiento porque el FRUV precisa contar con más recursos para afrontar el pago anual de la Renta Dignidad; según las estimaciones de una publicación de la Fundación Milenio, para el cumplimiento de esta obligación el FRUV precisa anualmente Bs 4.797 millones, pero en la actualidad cuenta con algo más de Bs 3.600 millones; esto se explica por un aporte del 30 por ciento del IDH que, en 2021, llegó a Bs 2.455 millones y por Bs 540 millones en utilidades que, en 2019, transfirieron las empresas nacionalizadas —no se dispone de información actualizada al respecto—; por tanto, queda claro que no hay los recursos suficientes para pagar la Renta Dignidad a los beneficiarios y esto plantea un serio problema financiero. Esto explica el porqué del proyecto normativo que buscaba descontar los ingresos de los trabajadores: hay un “hueco” en el FRUV que debe ser cubierto para evitar el incumplimiento en el pago de la Renta Dignidad.
En este problema del FRUV se advierte cómo afecta una menor producción de hidrocarburos y una administración que no sea eficiente de las empresas nacionalizadas. Y, sobre todo, que se trata de un escenario, por decir lo menos, complicado: a medida que crecen anualmente los beneficiarios, los recursos para pagarles la Renta Dignidad tienden a reducirse.
La conclusión es que las estimaciones para el pago de este beneficio fueron deficientes y que los demagógicos aumentos en la Renta Dignidad en el evismo empeoraron la situación deficitaria del FRUV. Hay aquí una muestra de mala administración del masismo, pero también una especie de bomba de tiempo que se ha activado y que debe ser desarmada a la brevedad posible.
