El fin de los avasallamientos
Es sin duda un gran paso en la restauración del imperio de la ley en el país la iniciativa surgida en Santa Cruz para poner fin a los avasallamientos, pero la magnitud y alcance de estas prácticas ilegales exigen un plan con vocación a convertirse en política de Estado.
Lo que comenzó el martes con una vigilia de cívicos e indígenas frente a las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz de la Sierra, continuó el jueves con el Encuentro Interinstitucional contra los Avasallamientos cuyas conclusiones y efectos se perfilan en acciones en el corto y mediano plazo.
"En pocas horas empezaremos a desalojar a los delincuentes que creen que son dueños de lo ajeno. Hay un plan estratégico que liberará a Santa Cruz" de la ocupación de tierras, afirmó el mismo jueves el gobernador de ese departamento, durante ese encuentro del que participaron el presidente de Bolivia algunos de sus ministros, cívicos y otras autoridades estatales.
Ese plan estratégico comienza a ejecutarse con la parte legal del tema: la verificación de la autenticidad de los títulos de propiedad y otros documentos de los predios que serán liberados de quienes los ocupan.
Así, se inician en Santa Cruz acciones efectivas contra ese ilícito que afecta especialmente a ese departamento, a sus productores agrícolas y a sus indígenas.
Pero no existe un solo departamento del país libre de conflictos por tierras provocados por la toma ilegal de terrenos, tanto privados como fiscales o comunitarios, y las consecuencias perjudiciales de esta actividad delictiva van más allá de los daños que sufren los propietarios afectados.
Los montos de dinero y gente involucrada deben ser de tal magnitud, que no sólo originaron casos de corrupción que involucraban a autoridades del Estado, sino que también fueron objeto de acusaciones serias de jefes policiales contra instancias judiciales.
Los sucesos de tráfico de tierras y avasallamientos han sido cada más frecuentes en los últimos 15 años, pero más allá del impacto que provocan durante unos días cuando son de magnitud, terminan por diluirse en el laberinto de investigaciones supuestas o reales que, a veces, identifican a sus responsables, pero jamás a sus organizadores ni beneficiarios.
Porque semejantes actos, perpetrados con impunidad y en el marco de un esquema que no podría existir sin la complicidad de autoridades estatales, benefician sin duda a personas que los patrocinan y permanecen en el misterio, pues quedan fuera de la acción de las instancias del Estado.
Es un ilícito de amplio alcance territorial y cuyas estructuras de ejecución están seguramente muy bien organizadas. Eso exige acciones de amplio espectro, semejantes a las que ejecuta la Comisión de la Verdad. La actitud del presidente del Estado al respecto permite pensar que comenzó el fin de los avasallamientos.
