22 vidas apagadas
¿Dos feminicidios en un solo día en Bolivia? Sí. Los últimos asesinatos de Francisca L. Ch., de 68 años, y de Nely G.M.V., de 46 años, ocurrieron el 19 de marzo y no son hechos aislados, sino una señal alarmante de los niveles de violencia de género que persisten en nuestra sociedad y que lamentablemente tienden a convertirse en cifras frías que acaban en una estadística anual.
E Ministerio Público confirmó que hasta el 19 de marzo de 2026 se tenían registrados 22 feminicidios en el país.
El informe del Fiscal General da cuenta de que la violencia contra las mujeres no se focaliza en un solo lugar, departamento o estrato social. El crimen contra Francisca ocurrió en la comunidad de Toloma, en el municipio de Patacamaya. El de Nely, sucedió en la ciudad de El Alto en plena vía pública.
“Es importante mencionar que, a la fecha, sumados los dos últimos hechos en el departamento de La Paz, tenemos 22 víctimas a nivel nacional. El reporte es actualizado hasta este 19 de marzo de la presente gestión, siendo el departamento de La Paz el que presenta mayor incidencia con 11 casos, seguido de Santa Cruz con 3, Oruro 3, Cochabamba 2, Potosí 1, Tarija 1 y Beni 1, mientras que Pando y Chuquisaca no registran ningún caso”, puntualizó el Fiscal General.
Ante el aumento de las cifras de los feminicidios es importante analizar qué ocurre y qué fallas existen a pesar de la vigencia de la “Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, vigente desde 2013.
Con esa normativa se pretendía que las mujeres bolivianas estén protegidas ante cualquier tipo de violencia estableciendo mecanismos de prevención, atención, protección y reparación, además de sancionar a los agresores, con la pena máxima de 30 años.
Sin embargo, la dura realidad de la violencia de género que golpea a las familias bolivianas nos confirma que una simple ley no logrará cambiar las estructuras socio-culturales en la que la violencia parece estar enraizada.
Por ello, es urgente comenzar a trabajar en la educación y la prevención para que las siguientes generaciones superen este flagelo.
El aumento de los feminicidios también debe ser un fuerte llamado de atención a las autoridades para que activen los mecanismos necesarios que ayuden a prevenir esos hechos y acciones preventivas que involucren a familias, al sistema educativo y a organizaciones de la sociedad civil.
Los asambleístas y concejales están llamados a fiscalizar el funcionamiento del Servicio Legal Integral Municipal (Slim), de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y de la Fiscalía para verificar que cumplan con su rol de proteger a la víctima o; al contrario; si es que las están dejando desprotegidas cuando rompen el silencio y se animan a denunciar a su agresor antes de llegar a un desenlace fatal.
