Nuevos peligros acechan a las empresas formales

En los últimos días, y como parte del conflicto generado por la fecha de realización del censo, han sorprendido las amenazas de dirigentes sociales afines al partido de gobierno de “cerrar las empresas que aún siguen funcionando”; y más aún las declaraciones del representante máximo de la COB que afirmó que “si tenemos que ir a tomar las empresas, las industrias (…) lo vamos a hacer” (sic).

Estos pronunciamientos estuvieron acompañados de la toma física de una empresa agropecuaria en San Julián y las acciones de hostigamiento para obligar el cierre de otras industrias en Santa Cruz. Ante tales exabruptos, alarmó más la respuesta del Gobierno a través de un viceministerio que, refiriéndose a la toma en San Julián, señaló que “las medidas que están tomando nuestros hermanos interculturales las están haciendo en defensa de sus propios derechos” (sic).

Si nos vamos a referir a derechos, es importante recordarle al Viceministro que la propia Constitución Política del Estado en su Art. 309 establece que “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, social y fortalezca la independencia económica del país. Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley”. En concordancia, el Art. 312 señala que “Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley. La economía plural comprende los siguientes aspectos: (…) 5. El respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica”.

Además de estas definiciones constitucionales, quienes forman parte de las empresas o trabajan en ellas son también sujetos de derechos, entre otros a no sufrir hostigamiento ni amedrentamiento, a que se proteja su seguridad en las instalaciones donde prestan servicios y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad con acciones de violencia como las que se dan en tomas o avasallamientos. Pese a todos estos principios, y a que la norma suprema de nuestra legislación es clara con respecto a los derechos del sector privado, es evidente que su cumplimiento está lejos de ser una realidad plena, y que existe una sistemática y persistente vulnerabilidad de las empresas en Bolivia atribuible, en parte, al sostenimiento de un discurso ideológico que considera la creación de riqueza dentro de la formalidad y la participación privada en el desarrollo como aspectos contrarios a las reivindicaciones populares.

Esta visión anacrónica e irracional explica por ejemplo las inequidades jurídicas como la imposición de cargas tributarias abismalmente diferenciadas, donde el empresario formal es el más castigado; aprobación de leyes que impiden la resolución de contratos de trabajo; el sostenimiento de políticas que alientan el contrabando; el hostigamiento desde las instituciones estatales contra los empresarios que reclaman iguales derechos; o la permisividad con los avasallamientos, amenazas y acciones abiertamente delictivas como la toma física de unidades productivas. La sistemática presión sobre el sector privado, que se había ejercido hasta ahora desde el ámbito del Estado, está ampliándose a ciertos sectores sociales que se arrogan el derecho a intervenir en las instalaciones y en el funcionamiento de las industrias, porque asumen que las empresas están indefensas ante estos delitos.

Y de alguna manera no les falta razón. En un país donde la norma no se cumple y donde se entiende que los pedidos deben imponerse por la fuerza, los empresarios evitan el uso de la presión y la violencia para reclamar el cumplimiento de sus derechos, optando principalmente por el cumplimiento de la ley, el pronunciamiento público y la exigibilidad por los medios institucionales. Esta conducta, que debiera ser imitada por todos, irónicamente se convierte en una rareza. Lo que no terminan de comprender quienes buscan el debilitamiento del empresariado es que sus acciones no sólo tienen efectos perniciosos en todos los rubros y tamaños de las unidades productivas, sino que dañan la economía, la estructura social e incluso la democracia.

Las tomas físicas, los bloqueos, los avasallamientos, las amenazas y la falta de protección legal desaniman las inversiones y las contrataciones laborales; generan desconfianza en las instituciones, aumentan la informalidad y sobre todo aportan a la construcción de una sociedad donde los valores del trabajo honesto, el esfuerzo y el compromiso con la comunidad se reemplazan por la violencia destructiva y el abuso. Es muy probable que las amenazas de los dirigentes/militantes sean parte de la coyuntura, sin embargo, si quedan impunes y se vinculan a otras acciones como los avasallamientos y las tomas, debieran activar las alarmas con respecto a los peligros que parecen ensombrecer el futuro del sector.