Extorsión “normalizada”
Los aportes “voluntarios” de dinero obtenidos de los propietarios de negocios, bajo amenaza de violencia, han sido una de las fuentes mayores de ingresos de las familias mafiosas de EEUU en sus primeras décadas.
Extorsión es el nombre de esa práctica que ha sido la más común y confiable perpetrada por los criminales, en todas partes, puesto que implica poco riesgo y puede ser muy lucrativa si se aplica a quienes corren riesgos de perder más de lo que les exigen pagar.
Eso es lo que ocurrió durante años en Potosí, donde los propietarios de hoteles ubicados en la vecindad del salar de Uyuni pagaron montos crecientes de dinero a dirigentes de la comunidad de Colchani.
Hasta que la semana pasada —seguramente porque los montos exigidos no fueron pagados— un grupo de comunarios del lugar allanó tres hoteles y bloqueó las vías de acceso impidiendo así la salida y llegada de los turistas que viajaron allá por Semana Santa.
Las redes sociales viralizaron los abusos y los hoteleros afectados denunciaron que eran víctimas de extorsión.
Para la Viceministra de Turismo, esos hechos “responden a acuerdos incumplidos entre empresarios y comunarios de Colchani”, según reporta la agencia de noticias del Estado.
“Pedimos a las partes honrar los acuerdos y permitir la libre circulación y normal desarrollo del turismo en esa región. Esto puede ser un mal precedente para el destino salar de Uyuni y como país”, dijo la autoridad de Gobierno.
No se equivoca la Viceministra al advertir el “mal precedente” que “puede ser” el asunto para el principal destino turístico de Bolivia.
Pero eso de exigir “honrar los acuerdos” podría ser interpretado como apología del delito, porque esos cobros y el compromiso de pagarlos están fuera de todo marco legal. Lo mismo que el destino de esos recursos recaudados en nombre de la comunidad y recibidos por unas cuantas personas identificadas y siempre en función de dirigentes.
Lo mismo ocurre en otros lugares turísticos denuncian el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia (ALA). “Estas extorsiones se dan en varias regiones el país, esto se destapó porque es Uyuni, pero está ocurriendo en varias partes del país”, asegura.
No es la única actividad delincuencial que se perpetra en Bolivia, de manera recurrente, por grupos organizados para quienes no rige el imperio de la ley, como los avasalladores de tierras comunitarias, fiscales y de propiedad privada.
En el caso de los hoteles del salar de Uyuni, la Fiscalía decidió ayer abrir una investigación contra autoridades originarias y comunarios por la presunta extorsión a cuatro propietarios de los hoteles de sal.
¿Llegará esa investigación y sus consecuencias a poner fin al delito impune, al menos en el salar?
