Recursos de las administraciones departamentales y municipales
El 2025 no fue un año fácil para las entidades territoriales autónomas, las alcaldías y gobernaciones se vieron afectadas por la reducción de sus ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH y del Fondo Compensatorio Departamental.
Esa reducción de recursos pecuniarios fue la causa del incumplimiento de desembolsos obligatorios, como el pago de prediarios a los privados de libertad, por parte de las gobernaciones, y la administración de los hospitales públicos, a cargo de las instancias departamentales y municipales.
Ahora, al inicio de 2026 todo indica que la situación todavía será complicada por la emergencia económica que vive Bolivia.
Los gobiernos municipales y departamentales aún tienen una gran dependencia de la administración central del Estado de donde proviene al menos el 50% del dinero que necesitan para funcionar y ejecutar obras.
Es una dependencia inconciliable con reivindicaciones autonómicas y la aspiración de reducir el centralismo en la administración del Estado.
La imagen pública de muchas alcaldías y gobernaciones no es de las mejores. La población las percibe como agencias de empleo para militantes de los partidos que las controlan, y se critica que en las contrataciones prime el cálculo político más que la búsqueda del bienestar de la colectividad.
En Cochabamba, el propio alcalde Manfred Reyes Villa reconoció que en la alcaldía existen funcionarios que están sin cumplir una actividad productiva o de servicio y se dedican a chatear en sus celulares.
“Hay personal que, aquí, no hace nada. Están en sus celulares casi todo el día porque, claro, están (contratados) bajo la Ley General del Trabajo y los ampara para que no les retiremos”, expresó en 2025, cuando se refirió al déficit de recursos financieros municipales.
Lo que ocurre en la alcaldía de Cochabamba se replica en otros municipios y gobernaciones que en 2025 tuvieron que despedir a una parte de su personal.
Ahora, la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM) se ha declarado en emergencia porque, aseguran, el 80% de sus ingresos fueron recortados por el Gobierno, que niega esa situación.
La medida pone nuevamente en apuros a las alcaldías que habían diseñado su Plan Operativo Anual (POA) 2026 en función de esos dineros.
Es una evidencia de que la dependencia de que la dependencia del nivel central puede generar un impacto negativo en las administraciones locales
Es necesario que los gobiernos departamentales y municipales generen u optimicen sus propias fuentes de ingreso y optimicen su utilización.
Las crisis económicas, como todas, implican una oportunidad para reinventarse y fortalecerse.
Así, las administraciones locales están obligadas a revisar la visión de desarrollo que tienen y las políticas públicas para generar sus propios recursos.
