El avasallamiento de tierras y el incentivo estatal

El avasallamiento es la acción de invasión, toma, despojo u ocupación de tierras realizada a través de operaciones generalmente violentas por una o varias personas sobre propiedades privadas individuales, colectivas o fiscales ubicadas en zonas rurales, parques o en los bordes de las áreas urbanas.

No se trata de una práctica nueva, pero sí más frecuente los últimos años. En la prensa nacional se encuentran al menos cuatro noticias de avasallamientos al mes y, en diciembre pasado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) afirmaba que habían identificado 208 avasallamientos de tierras fiscales. No existen o no están disponibles datos históricos sobre el despojo de propiedad privada, por lo cual es muy difícil conocer su estado de situación

Ante la imposibilidad de acceder a datos de los tribunales departamentales donde la mayoría de estos casos se trata y a veces se resuelven, y con el objeto de lograr alguna referencia de este problema sobre la propiedad privada en áreas urbanas o suburbanas, se optó por recurrir a la única fuente accesible que posee parte de la información: las sentencias constitucionales emitidas entre los años 2000 y 2019, disponibles en la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional.

En el periodo indicado, se encontraron 732 sentencias y siete tipos de problemas de propiedad urbana (avasallamientos, posesión en controversia, obstrucción de trámites, afectación por intervenciones, expropiación, despojo a inquilinos y restricción de servicios). De estos, el avasallamiento es el más recurrente y equivale a aproximadamente el 40% del total, se aceleró a partir del año 2007, alcanzó la cima en 2010 y se redujo ligeramente desde 2012-2013 cuando se promulgaron las leyes Nº 247 de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda y la Nº 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras.

Geográficamente, el 70% de los avasallamientos se distribuyen en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. La recurrencia en el primero es ocho veces mayor que en los segundo y tercero, y hasta 16 veces superior que la del resto de departamentos. La revisión dejó también evidencia de rasgos como su carácter grupal (en promedio siete personas comprometidas), y la reducida cantidad de tutelas concedidas: del total de demandas sólo el 51% fueron otorgadas, dejando a un 49% sin protección.

Aunque estos datos no representan el total general, sí dejan evidencia de la proporción y peso de este problema, su recurrencia y principalmente la reducida protección e interés del Estado para solucionarlo, aspectos que fomentan los avasallamientos. Esto puede comprobarse por la promoción de políticas estatales y municipales de regularización de derechos de propiedad y de edificaciones que cada pocos años se repiten; la reducción de requisitos para sanear la posesión no adquirida mediante modos formales; la periódica ampliación de perímetros urbanos que multiplican por cuatro los precios de las tierras avasalladas, los largos y tediosos procesos judiciales, así como las nulas responsabilidades de la propiedad urbana regularizada respecto del cumplimiento de la función social y ecológica, entre otros, que incentivan el avasallamiento alrededor de áreas urbanas.

El Estado no garantiza ni coadyuva la seguridad social, el empleo formal y apuesta por otorgar propiedad de la tierra urbana sólo individual, sin acceso a servicios e infraestructuras, sin responsabilidad social y ambiental, lo que garantiza sólo el interés de los particulares que especulan con este recurso.