Ambulancia para el vicario de Lauca Ñ

Seamos claros, el uso indebido indebido de bienes del Estado es abuso de poder: ocurre cuando una autoridad “olvida” que administra bienes del pueblo y empieza a usarlos como propiedad privada, partidaria o sindical.

El caso de Leonardo Loza y la ambulancia no debe quedar como anécdota, tampoco en la impunidad. Una ambulancia no está para que las autoridades pasen bloqueos ni para transportar dirigentes a actos políticos. Una ambulancia debe atender emergencias, auxiliar enfermos y salvar vidas.

La Constitución, en su artículo 235.5, obliga a los servidores públicos a proteger los bienes del Estado y a no utilizarlos para fines ajenos a la función pública. La Ley 004, en su artículo 26, sanciona el uso indebido de bienes y servicios públicos cuando se les da un fin distinto al que corresponde. Dicho de otra manera: una ambulancia no puede convertirse en taxi político.

Más grave aun, es la actitud posterior del Gobernador. Primero se admitió, desde la propia Gobernación, que Loza habría usado una ambulancia municipal luego de encontrarse con un bloqueo. Después, cuando las cosas se complicaron, apareció el libreto de siempre: “que demuestren”, “es persecución”, “no tenemos miedo”. Pero nadie le pidió miedo. Lo que se le pide es vergüenza, que dé la cara, que explique quién autorizó el traslado y por qué un vehículo de salud terminó a su servicio particular.

Ahí está la bajeza moral del caso: mientras el ciudadano común soporta bloqueos, el Gobernador los evade. Para el pueblo, sacrificio; para Loza, ambulancia. Esa imagen resume una forma de hacer política que confundió Estado, partido, sindicato y caudillo.

Loza no inventó esa escuela. Es heredero de una cultura instalada por el evismo, donde se naturalizó el uso de bienes públicos en beneficio del proyecto político. Durante el mandato de Evo Morales hubo denuncias por el uso de aeronaves, vehículos oficiales, funcionarios y recursos estatales en actividades políticas. Esa lógica dejó una idea peligrosa: que el Estado puede ponerse al servicio del caudillo.

Finalmente, corresponde ser equilibrados. Si existen indicios de que Manfred Reyes Villa o la Alcaldía usaron funcionarios, seguridad municipal, vehículos o recursos públicos para fines políticos, eso debe investigarse. La ley no puede ser selectiva. El Estado no es botín de Loza, de Evo, de Manfred ni de ningún partido.

Pero usar una ambulancia tiene una carga moral distinta. Es un símbolo de auxilio, salud y vida. Convertirla en transporte político, si se confirma, no solo vulnera la norma: insulta a la gente que sí necesita una ambulancia para sobrevivir.

Loza puede victimizarse, desafiar y desviar la atención. Pero la pregunta sigue intacta: ¿por qué reconocieron el hecho para posteriormente negarlo y dar otra versión?

Una ambulancia es para salvar vidas, no es un transporte particular de ninguna autoridad de turno.