Nadie responde ante el impago de abogados de los 9 bolivianos
Después de un año y 15 días desde el retorno de los nueve bolivianos detenidos en Chile, llamados por el presidente Evo Morales “mártires de la reivindicación marítima”, el Gobierno no honró el pago de los honorarios a los abogados de la defensa, Roberto Celedón Fernández y Matías Coll del Río. La Aduana, la Cancillería y el Ministerio de Justicia se deslindan del tema y se inculpan entre sí sobre la cancelación de los mismos.
Vanos fueron los intentos por recabar información ante estas tres instancias y conocer una versión oficial sobre el trámite de cobro que plantearon los dos legistas a través de un apoderado en Bolivia y sólo se consiguieron versiones extraoficiales de personas que no quisieron que se publique su identidad. En la víspera, Los Tiempos, aprovechando un acto protocolar en el que participaba el viceministro de Gestión Institucional y Consular, Raúl Castro, se le preguntó sobre el tema; pero éste se excusó de referirse respecto al adeudo y dijo que el tema corresponde a otra instancia.
De acuerdo con los antecedentes, tras la captura de dos militares y siete funcionarios aduaneros el 19 de marzo de 2017, éstos se sometieron a un proceso abreviado y fueron condenados a tres años de cárcel y una multa por el delito de contrabando de 48 mil dólares para ser expulsados en frontera.
Ante ello, la Aduana decidió hacer una “colecta” de fondos para pagar la multa y los honorarios a los juristas, pero el ministro de Justicia, Héctor Arce, rechazó esta acción y aseguró en agosto de ese año que el Gobierno se haría cargo de estos gastos.
Morales aseguró que se emitiría un decreto para el pago de esos gastos, pero sólo se hizo efectiva la cancelación de la multa y no así el pago de los honorarios a los abogados.
DOS DECRETOS AUTORIZARON LOS DESEMBOLSOS
El 23 de junio, el Gobierno autorizó, a través del Decreto Supremo 3218, la transferencia de 49.834 dólares a la Aduana Nacional de Bolivia para el pago de la multa impuesta por la justicia de Chile tras el juicio a los nueve funcionarios bolivianos.
Asimismo, el Gobierno aprobó el Decreto 3280, que autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transferir recursos del TGN por un monto de $us 54 mil a favor de la Aduana Nacional a fin de cubrir los gastos de la defensa legal de los nueve bolivianos.
Sin embargo, este medio no pudo corroborar las transferencias en el caso de los pagos a los abogados ni aclaraciones de las instancias gubernamentales.
