Otra intermediaria pone en aprietos al Gobierno por compra de gases
La empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, con sede en Estados Unidos, es otra empresa intermediaria que pone en aprietos al Gobierno boliviano por la compra de equipos antidisturbio con un presunto sobreprecio respecto a la oferta de la empresa fabricante, Condor, con sede en Brasil.
Éste es el segundo caso en el que se identifica a una empresa intermediaria en un presunto sobreprecio, tomando en cuenta que la primera fue IME Consulting, de origen español, que se encargó de comprar los 170 equipos Respira por los que se pagó 4.773.600 de dólares.
En abril de 2017, el Gobierno venezolano compró proyectiles de largo alcance y de triple acción, por los que pagó Bs 99,45 (13,55 euros) y Bs 106,79 (14,55 euros), respectivamente.
Mientras que en la cotización que envió la empresa Bravo Tactical Solutions, el 9 de diciembre de 2019, el precio de ese tipo de proyectiles es de 270 bolivianos.
Otro de los aspectos que llama la atención es que, el 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno, a través de la dirección General de Asuntos Administrativos, envió una nota a la empresa fabricante haciendo una “invitación para presentar propuesta”.
Un día después, enviaron otra nota indicando que la compra se haría a través de la empresa intermediaria señalando que no se podía hacer con otra empresa representante o distribuidora, con el afán de evitar dilaciones o demoras.
Sin embargo, pese a la necesidad “imperiosa” que señaló el Ministerio de Gobierno, el primer embarque se realizó el 27 de diciembre (un mes después), un segundo embarque en 60 días (25 de febrero) y el último en 100 días (5 de abril).
En este sentido, por concepto de proyectiles de largo y corto alcance, proyectiles de triple acción, proyectiles de goma, granadas y estopines impulsores, Bolivia pagó un total de 42.882.998 bolivianos.
En una de las notas que se publicaron, se apunta que se hizo un descuento de 690.000 bolivianos sobre la orden debido a que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se encarga del recojo de equipos desde Río de Janeiro.
La empresa intermediaria tiene como propietario a Bryan Berkman, hijo de Luis Berkman, quien fue juzgado por tráfico de armas y se habría fugado en 2004 a Estados Unidos.
Bryan Berkman figura como dueño de la empresa, y su padre como socio de la misma. Además, según un perfil personal del padre en Linkedin, Berkman trabajó en la empresa Atlanco SLL (proveedor de equipos personales, materiales y uniformes de seguridad pública) desde 2006, donde llegó al cargo de vicepresidente de ventas internacionales hasta el pasado mes de abril.
En guías empresariales de Estados Unidos figura como socio de la empresa Bravo Tactical Solutions. A su vez, Berkman padre es ligado por tener amistad con el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Efraín Chambi anunció ayer que los jefes de bancada de ese partido pedirán una comisión que se encargue de investigar las denuncias por la compra de gases lacrimógenos y elementos antimotines con supuesto sobreprecio.
ARIAS ACUDIRÁ A CIDH
El periodista de Gigavisión y del portal “Detrás de la Verdad” Junior Arias anunció que decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares, ya que considera que su vida y la de su familia está en riesgo a raíz de un reportaje periodístico que implica al Ministerio de Gobierno en la presunta compra con sobreprecio de equipos antidisturbio.
Esta investigación fue respondida por el Ministerio de Gobierno, que advirtió que no descansará hasta que el periodista se retracte. El relator de libertad de expresión de la CIDH, Edizon Lanza, a través de su cuenta de Twitter, rechazó estas advertencias. Antes, el Gobierno ya emitió normas que vulneran la libertad de expresión.
