Ministro de Justicia afirma que en Bolivia no hubo fraude electoral sino una distorsión de la realidad
El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en Bolivia no hubo fraude electoral en los comicios registrados en octubre de 2019, sino una distorsión de la realidad propiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por una serie de actores en el país para la consolidación del golpe de Estado.
En la víspera, en la celebración de los 12 años del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce, aseguró que “nunca” se pudo probar el supuesto fraude y reiteró que en Bolivia hubo un golpe de Estado.
“No ha habido fraude sino una grave distorsión de la realidad propiciada por Luis Almagro (secretario general de la OEA) y malos bolivianos que han hecho eco de un informe que nunca tuvo las bases suficientes para hacer las afirmaciones que se hizo”, coincidió Lima en un contacto con la ABI.
Ante la falta de indicios sobre la denuncia de fraude, la Fiscalía liberó de culpa a los exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) La Paz, Marianela Revollo, Freddy Cayo, Florencia Laruta, Juan Pablo Torrez y Antonio Condori, quien el 8 de enero fue posesionado nuevamente en el cargo en representación del Órgano Ejecutivo.
“Ellos (exvocales) han sido criticados, atacados y señalados por muchos líderes políticos como si fueran culpables. Esto se está empezando a revertir no solo en el departamento de La Paz”, dijo el titular de Justicia.
Afirmó que existe el “firme compromiso del Gobierno” de que los casos que tienen que ver con denuncias de fraude electoral queden aclarados. “No se ha podido demostrar la existencia de una sola acta que pueda ser considerada fraudulenta”, agregó.
“Estos sobreseimientos que se están dando en la Fiscalía van a marcar una línea de acumulación de pruebas para establecer con claridad que Luis Almagro y la OEA han sido parte del golpe de Estado en el país”, consideró.
Sostuvo que es una “obligación” del Ministerio de Justicia que la reconciliación de los bolivianos se base en el debido proceso y no en la detención arbitraria como lo que ocurrió en el régimen de Jeanine Áñez.
